En la etapa final del proceso judicial conocido como "Causa Judicial", la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó este martes su derecho  a pronunciarse por última vez, antes de la sentencia, ante los jueces del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a quienes criticó.

“Este es el tribunal del lawfare, pero más que eso es un verdadero ‘pelotón de fusilamiento’", sostuvo la Vicepresidenta, y agregó que "los fiscales se dedicaron a agraviar”.

“Durante 20 días inventaron hechos y ocultaron otros. Se demostró que las acusaciones no eran ciertas. La figura de asociación ilícita surge orientada hacia nuestro partido político y hacia mí”, agregó Fernández, y destacó que "en Comodoro Py no se considera que mi muerte pueda ser un acto de conmoción pública”.

“Cuando me ha tocado ir como víctima a Comodoro Py, sus colegas no ven una asociación ilícita en los espacios y quienes financiaron distintos ataques. ¿En serio creen que nuestro gobierno cometió fraude en perjuicio de la administración pública? ¿Mi gobierno, que entregó un país desendeudado? Sin embargo, quienes trajeron al FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos donde están, ellos no tienen ningún problema”, añadió la expresidenta.

“Los fiscales no pudieron replicar los hechos de la querella, se ocuparon de omitir hechos, el alegato termina un 22 de agosto cincuenta años después de un fusilamiento cometido igual, y después de ese alegato me dispararon, pero el tiro no salió”, refirió la Vicepresidenta.

“Estigmatizan a un espacio político y a quien tiene el mayor grado de representación, de acuerdo a las votaciones, para que nadie pueda nunca pueda animarse a hacer las cosas que hicimos nosotros”, agregó Fernández. 

“Estamos en una situación que va a tender a deteriorarse. Cuando desde las instituciones se conforma un partido, este verdadero ‘Partido Judicial’ que vino a sustituir al viejo partido militar y cumple ese rol de condicionar, obturar las oportunidades de expresión en democracia y estigmatizar y disciplinar a los dirigentes en la República Argentina”, reflexionó la Vicepresidenta.

“Cuando la sociedad advierte este tipo de manejos, eclosionan las instituciones", manifestó Fernández, y agregó que no se equivocaba cuando dijo que "la sentencia estaba escrita, pero nunca pensé que iba a estar tan mal escrita”.

“Esta causa va a ser estudiada en el futuro como un ejemplo absoluto de cómo funcionaban las instituciones en el país en este período tan nefasto en que los juzgados se convirtieron en partidos políticos”, aseguró la expresidenta, y resaltó que siempre vivió en la misma casa.

“El 10 de diciembre de 2015 tenía los mismos bienes, que fueron analizados en tres causas, en las que fui sobreseída, sin embargos los chorros y ladrones somos nosotros”, recordó la Vicepresidenta y aseguró que los fiscales mintieron sobre ella y sobre su gobierno.

Vale recordar que, en el caso de Fernández de Kirchner, la Fiscalía pidió 12 años de prisión por considerarla la jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta por irregularidades en la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

¿Qué pena pidió la Fiscalía para el resto de los procesados?

• Héctor Garro, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 3 años de prisión en suspenso, por administración fraudulenta.
• Mauricio Collareda, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
• Raúl Daruich, exresponsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV, 6 años de prisión por administración fraudulenta agravada.
• Julio De Vido, exministro de Planificación Federal: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público, como organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta.
• Abel Fatala, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala: 4 años de cárcel.
• Cristina Fernández de Kirchner, exmandataria y actual vicepresidenta: 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua como supuesta jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada.
• Lázaro Báez, empresario: 12 años de cárcel por ser organizador de la asociación ilícita y también por el concurso con el delito de administración fraudulenta, en calidad de partícipe.
• Carlos Kirchner, exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal: absolución por el delito de asociación ilícita y pedido de condena a dos años de prisión en suspenso por supuesto abuso de autoridad.
• José López, exsecretario de Obras Públicas: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita, en concurso real con la administración fraudulenta.
• Raúl Pavesi, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 5 años.
• Nelson Periotti, extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV): 10 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como organizador de la asociación ilícita en concurso con la administración fraudulenta.
• José Santibañez, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 4 años de prisión.
• Juan Carlos Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz: 6 años de prisión por administración fraudulenta.