La Sala II de la Cámara Federal porteña resolvió este martes, por dos votos a uno, anular todos los procesamientos que se habían dictado en la causa conocida como “Gestapo sindical”.

El fallo planteó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba, sostuvo que son “difusas y debatibles” las conclusiones sobre la reunión filmada y advirtió que aquel encuentro “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de la persecución política a líderes sindicales, como se estableció inicialmente. Según los jueces, la fundamentación no demostró que hubo inteligencia ilegal. Frente a eso, se ordenó profundizar la investigación.

“Nos encontramos entonces en condiciones de volver a afirmar que la resolución es inválida (...) Se dotó al contenido de la filmación una serie de significaciones que derivaron en una imputación que devino prematura e inconexa no solo con el plexo probatorio existente al momento de decidir, sino también con los aportes que habrían realizado las personas involucradas en el proceso", sostuvieron los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, según detalló la periodista Patricia Blanco de Infobae.

Como Senador por La Plata mi deber siempre fue mejorar la vida de los platenses dando las batallas que había que dar. Hoy la Justicia confirmó que haberme involucrado en el tema Pata Medina fue en el marco de mis funciones como legislador.
Gracias a esta pelea que dimos, hoy en… https://t.co/2IqpDJVkTD

— Juan Pablo Allan (@jpabloallan) August 29, 2023

Para los jueces, el procesamiento inicial “soslayó” las diferentes denuncias expresadas contra el accionar de los dirigentes de la UOCRA Seccional La Plata que “resultan, cuanto menos, demostrativas de que la situación existente al momento de los hechos aquí investigados superaba los estándares de un mero conflicto gremial y, por el contrario, podría haber presentado notas de ilegalidad.” Eso “pone en crisis la afirmación sobre la presunta persecución desplegada contra ‘líderes sindicales’".

Los magistrados aseguraron además que el juez Ernesto Kreplak valoró “en un sentido negativo la intervención de los nombrados en el diseño y desarrollo de la presunta ‘estrategia de judicialización’, al favorecer el aporte de denuncias y elementos probatorios a partir de sus respectivas funciones públicas durante el año 2017".

Y añadieron que “más allá de la participación en la reunión llevada a cabo en el Banco Provincia, la cual, sobre la base de los elementos reunidos al momento, no se la podría considerar en sí misma como un acto de inteligencia ilegal, pero es una circunstancia que habrá de dilucidarse, del razonamiento esbozado no surge que los nombrados hubieran colaborado o intervenido de alguna forma en la realización de las tareas de campo, de recolección de información ni en ninguna otra de las acciones prohibidas por la ley de inteligencia".

“Dentro de las tareas que deberá emprender el juez para enderezar esta, hasta ahora, endeble investigación en vista a las falencias apuntadas en los párrafos que anteceden, está la necesidad de que el a quo (juez) avance en los términos indicados, debiendo dictar oportunamente un nuevo pronunciamiento donde se realice un análisis integral de la prueba existente con aquella que se indicó resta efectuarse", destacó el fallo de la Cámara.

"En ese sentido, deberá resolver eventualmente la situación procesal de cada imputado con base en una imputación clara, concreta y circunstanciada sobre la cual estribar la acreditación, con el grado de probabilidad que esta instancia exige, de los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales escogidos y despejar cualquier duda penal vinculada a la eventual responsabilidad que cualquier integrante de la AFI hubiera podido tener en la utilización, si así se acreditara, de sus recursos propios tanto de infraestructura material como humana en los hechos, y su relevancia jurídico penal,” sostuvieron los jueces que votaron a favor.

Por último, en minoría, el juez Eduardo Farah hizo un largo repaso de las pruebas y votó por convalidar los procesamientos, destacando que cree "importante" dejar "subrayada" una premisa: "ninguna intención, por más legítima y genuina que sea, puede justificar la violación de normas constitucionales y legales y la desnaturalización de funciones públicas como las que han sido probadas” subrayó el juez. “Si había llegado a conocimiento de las autoridades un posible delito (o, más específicamente, un accionar delictivo desplegado en el tiempo con la presunta complicidad de autoridades políticas y judiciales,) el único actuar debido era su canalización a través de los procedimientos legales vigentes".

La causa se inició en diciembre de 2021 cuando la Agencia Federal de Inteligencia presentó en la justicia federal de La Plata una filmación encontrada en sus oficinas que daba cuenta de una reunión ocurrida el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.

“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría,” decía en ese encuentro Marcelo Villegas, entonces ministro de trabajo de Vidal, en una reunión ocurrida el 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, según reveló un video encontrado en la AFI a fines del 2021.

De la reunión participaron el intendente de La Plata, Julio Garro, el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el ex secretario de Justicia Adrián Grassi, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano -actual funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta-, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra y los empresarios de la construcción Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.