La Provincia desmintió el artículo del periodista Carlos Pagni, publicado este miércoles en La Nación, sobre supuestos movimientos de dinero por parte de sus funcionarios.

Según Pagni, el abogado Dennis Hranitzky, del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, se presentó ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Mary Kay Vyskocil, para solicitar que conmine al Bank of New York Mellon, a su subsidiaria Pershing, y a American Express, a proveer información sobre movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina y, en particular, de la provincia de Buenos Aires.

Hranitzky representa a dos entidades, Glacial Capital, LLC y TRSE Holdings, LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por 35,092,958.41 millones de dólares. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Axel Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López.

"La presentación de Hranitzky es explosiva porque, al detallar los antecedentes de su reclamo, revela información muy delicada sobre el comportamiento de algunos funcionarios. El abogado describe los resultados de un discovery, es decir, de un procedimiento previsto por las leyes de los Estados Unidos por el cual un imputado está obligado a publicar toda la información relacionada con una demanda. Al hacerlo, consigna que otras ocho entidades financieras ya proporcionaron novedades. Y que sólo falta que lo hagan Bank of New York Mellon, Pershing y American Express", detalló el periodista y conductor de Odisea Argentina.

Según Pagni, Hranitzky afirmó ante el tribunal de Manhattan que Bank of New York Mellon, Pershing y American Express estarían obligados a proporcionar los registros de transacciones electrónicas realizadas a través de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Swift), una red de cooperación financiera radicada en Bélgica.

"Los otros ocho bancos que cumplieron con el discovery denunciaron, según Hranitzky, que Carlos Montaña, director de la Unidad Ministro del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Diego Benítez, subsecretario de Obras Públicas bonaerense, 'parecen haber movido cientos de miles de dólares, dentro y fuera de la Argentina, en los últimos dos años'. Otro funcionario de Kicillof puesto bajo la lupa de este escrito es Matías García, director del servicio de agua y alcantarillado de Aguas Bonaerenses SA, quién “aparentemente transfirió enormes sumas de dinero a una cuenta bancaria suiza”, indicó el cronista.

Mi trayectoria como servidor público y como hombre del deporte han sido cumpliendo con cada declaración patrimonial exigida por la AFIP y la Oficina Anticorrupción.

No poseo ninguna cuenta en el extranjero en la actualidad, ni la tuve jamás.@SergioBerniArg

— Carlos Montaña (@elgrancai) October 12, 2023

El escrito nombra también a la abogada Ana María Bazán, quien se desempeñaría en la Asesoría General de Gobierno de Kicillof. Bazán figura, según Hranitzky, en los Papeles de Pandora, documentos filtrados en octubre de 2021 a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Al respecto, el gobierno bonaerense aseguró que "las acusaciones tomadas por el diario contra funcionarios provinciales fueron realizadas por uno de los abogados de un fondo buitre, en el contexto del litigio que mantienen luego de no aceptar el canje de deuda ofrecido por la Provincia".

"Se trata de un escrito donde los fondos buitre exigen respuestas a entidades financieras norteamericanas sobre un pedido de información (“Discovery”) que se inició en el mes de marzo de este año. Esta coincidencia temporal, donde una nota periodística se publica simultáneamente con una presentación en la justicia de Nueva York, constituye un burdo intento, ya desesperado, de intervenir en el proceso electoral desde el extranjero junto con medios locales", agregaron.

"Según los fondos buitre, habría “sospechas” sobre el accionar de funcionarios del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Las personas mencionadas desmienten categóricamente tener relación con las operaciones ilícitas que se les imputan. Es por eso que todos los damnificados están presentando acciones legales para exigir que se aclare la situación y se repare el daño ocasionado", manifestó el Ejecutivo a través de un comunicado.

Por su parte, la Provincia, a través de sus abogados, presentará a la brevedad una queja formal ante el tribunal estadounidense "para cuestionar las acusaciones de los buitres y denunciar la mala fe en el uso de la información, con el claro objetivo de interferir en el proceso democrático del país".