Lucas Verón murió al recibir un disparo a la 1.30 del viernes cuando volvía en moto con un amigo a su casa del barrio El Talita en la localidad de González Catán. Regresaba a su hogar luego de festejar sus 18 años.

Según lo que contó su familia tras los testimonios que los miembros de HIJOS pudieron recabar y las declaraciones de algunos testigos, todo comenzó cuando un móvil del Comando de Patrullas comenzó una persecución, aparentemente invistió la moto en la que se trasladaban, los adolescentes cayeron y salieron corriendo. Fue allí que el oficial que manejaba bajó y efectúo varios disparos. Uno impacto en el cuerpo de Lucas. Fueron sus familiares quienes lo trasladaron al Hospital Simplemente Evita de González Catán, donde falleció.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires intervino en el caso el mismo viernes a través del Director de Políticas contra la Violencia Institucional, Ignacio Álvarez, quien articuló con referentes territoriales que contactaron a testigos claves de los hechos y se buscó garantizar que puedan brindar su testimonio en la sede de la Fiscalía.

El organismo solicitó a la fiscalía que informe las medidas de prueba llevadas a cabo y las que continúan pendiente. También se pidió que se investigue el intento de los policías detenidos de incorporar mediante coacción, testimonios que buscaban ocultar o modificar los hechos.

“Ante los casos de violencia institucional, nuestra preocupación como Subsecretaría es el rápido y eficaz esclarecimiento de los hechos. Tenemos la decisión política de intervenir, acompañar a la familia, articular con todos los organismos del Estado y con las organizaciones territoriales, porque en una provincia para todxs no hay margen ni lugar para la violencia institucional”, dijo el Subsecretario de Derechos Humanos provincial, Matías Facundo Moreno.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció ante la justicia que “el menor de edad que acompañaba a Lucas en la moto recibió presiones y amenazas policiales para que declare que venían de robar”.

Por esa razón exigieron “que se aparte de manera urgente a la fuerza de la causa”. Los testigos tuvieron que declarar sin la presencia de los efectivos involucrados, y describieron de manera precisa el asesinato policial.

La autopsia será realizada por el Ministerio Público en Lomas de Zamora. La Auditoria General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad ya decidió la desafectación preventiva de los agentes.

“La detención de los agentes responsables del crimen y su desafectación, marca una diferencia sustantiva con el temperamento sostenido por el poder judicial y la Auditoria, en la mayoría de los casos, donde el personal policial no sólo no ha sido detenido sino que continúa en sus funciones. Esto ocurrió en hechos graves producidos durante la cuarentena como el homicidio de dos jóvenes en San Nicolás, o las torturas de jóvenes en Punta Indio y Mar del Plata, entre otros. Preocupa que la falta de disposición de desafectaciones preventivas, en muchos casos, se expliquen desde la imposibilidad de tomar declaración a los policías afectados con motivo de la cuarentena”, señaló la CPM.