La Plata
Otro revés judicial para Fernando Mercerat, el martillero acusado de proxenetismo

Info Blanco

Denunciado en una causa por una red de trata de personas.

El empresario inmobiliario Fernando Mercerat, acusado del delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución de mayores de edad, agravado por la situación de la vulnerabilidad de las víctimas”, no podrá recibir el beneficio de la prisión domiciliaria y continuará preso hasta su juicio oral y público.

Lo decidió la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que rechazó el pedido de la defensa, a cargo del Estudio Gascon Cotti.


Fernando Mercerat dirigía y era propietario de la inmobiliaria ubicada en calle 22 entre 43 y 44. Nació en La Plata pero tiene domicilio formal en Brandsen. Egresó del Colegio Nacional de La Plata en 1980 y estudió en la Universidad Nacional de La Plata.

El caso estalló el 26 de junio de 2020, en el marco de una investigación que desbarató una red de prostíbulos que funcionaban en la Ciudad. Ese día ordenaron más de 70 allanamientos de casas particulares.

En 40 encontraron trabajadoras sexuales que le alquilaban a Marcerat a través de un contrato con su inmobiliaria.

Vinculado “socialmente” al ex fiscal Fernando Cartasegna y dueño de una importante fortuna patrimonial, deberá esperar en la Unidad 9 el juicio oral que podría realizarse dentro de dos, 3 ó 4 años, nunca se sabe.

Info Blanco Sobre Negro entrevistó a Christian Parodi, abogado de Marcelo Bardella, un empleado de la firma que realizaba tareas de mantenimiento en las propiedades que eran alquiladas. Hacía trabajos como gasista y como electricista.

El letrado aseguró a este medio que Mercerat “recaudaba unos 15 millones de pesos anuales” y “tenía a su nombre decenas de propiedades muy importantes”.

En Tribunales la noticia de su caída sorprendió notablemente: el empresario solía fanfarronear de sus contactos y actuaba con pocos recaudos, envalentonado por sus muy buenos amigos en las fuerzas de seguridad y la justicia bonaerense.

Durante una década habría sostenido su esquema de negocios con una impunidad de la que ni él ni nadie puede dar cuenta. “Cada prostituta tenía que pagar un alquiler de 15 mil pesos más ‘un plus’ de 10 ó 20 mil. Mi defendido tiene 50 años y ningún antecedente. Es un trabajador sostén de familia que hasta el juicio va a tener que cumplir prisión domiciliaria. Fue el cobrador que encontró Mercerat cuando comenzó la pandemia. Lo mandaron a recaudar el dinero de los alquileres para evitar contagiarse de coronavirus. Lo enviaron a la calle para cuidar a sus empleados de confianza del Covid”, explicó en la charla con este portal Christian Parodi.

Para comprender la injusticia que encierra el caso vale aclarar que Bardella se trasladaba diariamente en bicicleta hasta La Loma, donde funcionaba la inmobiliaria. Marcerat controlaba todo desde una poderosa camioneta Toyota ploteada. “Hasta que reclamamos escuchas a la policía federal y con las pericias que se incorporaron a la causa cayó preso”, detalló Parodi.

“Después empezó su estadía ‘vip’ en la Alcaidía Petinatto, que era regenteada por un amigo del empresario: el ex rugbier del Club San Luis Santiago Ferrara. Estaban de fiesta: hacían spinning y tenían todos los privilegios, mientras convivían con otros presos acomodados. Denunciamos esa situación y ahora pasa los días sin privilegios”, contó el abogado.

Parodi también relató una anécdota que lo describe a Mercerat. “Cuando las prostitutas no lograban juntar la suma de dinero que les exigía, iba él mismo a cortarles la luz con una tenaza”. También les interrumpía el suministro de gas.

Por su parte, la fiscal Cecilia Corfield remarcó que Mercerat “explotó económicamente el ejercicio de la prostitución de un número indeterminado de mujeres mayores de edad y personas travestidas, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de éstas, ya sea por su identidad de género y la dificultad de insertarse en el campo laboral formal, ya por necesidades económicas y de manutención a sus hijos menores de edad”.

Y señaló que el detenido “exigía la entrega de una suma de dinero semanal o diariamente, a todas luces desproporcionada en relación a las locaciones habituales del mercado”.

Algunos alquileres eran acordados a espaldas de los propietarios de los inmuebles, según determinaron en el marco de la investigación. 



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