Lo que está sucediendo en las últimas décadas en cuanto al acceso a la vivienda es algo que debe preocuparnos a cada argentino y argentina. El hecho de haber fomentado programas de acceso a la misma mediante la construcción, tal como el Plan Procrear 2012-2015, sólo constituyeron pequeños parches para sectores con un poder adquisitivo económico nada despreciable, teniendo como parámetro que se trata de un país donde el litro de leche cuesta entre 75 y 100 pesos, mientras que la hora de un docente con antigüedad alcanza escasamente los 450 pesos promedio. Es paradójico por ende, que al calor de las construcciones para viviendas familiares, se hayan acrecentado los números de argentinas y argentinos que alquilan. El propio INDEC habla de un 11% en el año 2010 de inquilinas e inquilinos, y hoy, diez años después del último censo nacional, en un estudio realizado en las ocho urbes más importantes del país por el Ministerio de Economía y dicho organismo, se muestra casi un 20%, es decir casi el doble. Es innegable que los números reflejan la falla de las recetas y programas nacionales de vivienda que, en lugar de remediar la situación habitacional argentina, la han desmoronado exponencialmente. Las grandes constructoras y el sistema inmobiliario en el país, concentran una buena parte del capital y han adquirido cada vez más propiedades y porcentajes en los números de las finanzas del ladrillo. ¿Cómo es entonces que la construcción, como estrategia para la solución habitacional argentina, puede llegar a ir en contra de lo que pretende resolver? Por ello, desde la Asociación de Inquilines, no hablamos de un dualismo propietario-inquilino, en lo que respecta a los alquileres, por el contrario, hablamos de un conjunto dentro del propio sistema económico que tiende históricamente a concentrar y devastar. El porcentaje de viviendas ociosas que actualmente nuestro país tiene, funciona como ejemplo para dar cuenta de la lógica especulativa tanto del mercado inmobiliario como el de la construcción. En Argentina hay aproximadamente dos millones de viviendas sin habitar, un número, que lejos de hacer que nos pongamos a construir, independientemente de la cartelización de este rubro, nos invita a repensar qué es lo que sucede con las estadísticas que se mencionaron hasta aquí, y con la  triangulación existente entre el sistema inmobiliario, sus constructoras y el conocido “construir genera trabajo y circulación interna de la economía”.  A esta triangulación me gustaría agregarle el condimento históricamente picante: “manotazo de ahogado”, donde quizás no se hunda alguna que otra persona, pero al resto le mete la cabeza hasta bajo el mar. Un claro ejemplo fue el titulo que necesitaba el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, al decir que podría existir la posibilidad de cobrar impuestos a las viviendas ociosas en el país, sin mencionar que activarían fuertemente la construcción de viviendas. Entonces nos preguntamos: ¿Qué es lo que se pretende al construir? ¿podríamos decir pan para hoy hambre para mañana? Es una realidad que se generarían nuevos puestos de trabajos y una reactivación del consumo y mercado interno. Ahora bien, quiénes serían los panaderos de esas panaderías, ¿Cuántas poquísimas panaderías hay haciendo ese pan? A fin de cuenta, ¿Quién construye en la Argentina? El sistema inmobiliario, condensado en unos pocos pero grandes hacedores de miles de viviendas en el país. ¿Qué porcentaje de capital tienen en esas constructoras o en las grandes proveedoras de materias primas para la construcción? ¿Por qué hay tantas viviendas sin ser habitadas y queremos seguir construyendo? Para no quedarnos solamente con preguntas que interrogan premisas que se dejan entrever, sería importante destacar que por sobre todas las cosas, considero que, como en todos los casos donde se quiere redistribuir las riquezas, es imprescindible contar con registros y reglamentaciones de los patrimonios. Por ello si algo es muy loable de la nueva Ley de Alquileres, es justamente la legalización absoluta en AFIP que se pide a cada propiedad. Pero sabemos que falta mucho para poder legalizar y “blanquear”  todas las propiedades en nuestro país. Los entes recaudadores deberían abocarse a una tarea monumental para ello, si es que se quiere desconcentrar, aunque sea mínimamente el capital, en una temática absolutamente transversal, que como fin ultimo tendría el acceso a nuestro dulce y bello hogar. Y ¿por qué digo esto? Lo menciono porque creo que hay un álgido contenido en el manotazo de ahogado de querer cobrar un impuesto a la vivienda ociosa, sin un previo estudio exhaustivo de quiénes son sus propietarios. Para poder llevar acabo una política tan importante como esta, es fundamental poder diferenciar a las y a los propietarios, y generar una importante tabla de valores impositivos para cada una y uno de ellos. Porque quien conoce nuestra sociedad sabe que quienes tienen una o dos viviendas arrendadas, ya sea por herencia o por inversión, al no poder alquilarlas, aún contando con un cierto colchón que les permita sacarlas del sistema de alquiler momentáneamente; si se les al cobrase un impuesto más, no sólo implicará que el precio no va a bajar, sino que intentarán mantenerlas a sus valores especulativos, o las venderán por desesperación a menor costo. Esto es tendencioso a que quienes las compren, sean los que realmente pueden especular por sobre cualquier modelo económico impulsado por nuestro gobierno. Por ello entiendo que debe ser una política pública a aplicar, pero con una contundencia aun mayor a la que  a su hora JDP realizó con los trenes ingleses. En resumen, por un lado, tener los datos precisos de las y los propietarios, por el otro cobrar impuestos ejemplificadores, que exista la posibilidad de que el Estado las compre a bajos costos, y que entonces sean parte del proceso de un proyecto de hogar para cada familia argentina. No sigamos construyendo a diestra y siniestra mientras crecen de a millones las viviendas ociosas en Argentina a la par del sector de inquilinos y las villas y asentamientos en la periferia de las grandes urbes.