El Senado de la Nación tenía previsto tratar una modificación de la Ley de Ejecución Penal que ya tiene media sanción en Diputados y limita las excarcelaciones de los procesados, haciendo que la gran mayoría deba cumplir la pena completa. En la unidad 1 de Olmos, entre otras cárceles de todo el país, los presos iniciaron huelgas de hambre y otras medidas de protesta en contra del proyecto al que catalogaron como “nueva Ley Blumberg”.

De acuerdo a un parte policial, en la Unidad 1, “los internos se ‘desengomaron’ (salieron de sus celdas) rompiendo algunos candados, encontrándose en pleno diálogo el Director del Complejo junto a la superioridad del mismo y el G.I.E”.

La medida habría terminado cerca de las 20 horas sin heridos ni rehenes. Aseguran que luego la situación fue controlada sin represión ni situaciones violentas.

Además se conoció un video en el que se ve fuego en una de las ventanas e internos gritando. La primera información indica que la huelga de hambre iniciada por los internos universitarios se extendió a todos los pabellones, incluso a los visitantes que debieron ser evacuados.

También hubo protestas en Devoto, Magdalena y la Unidad 9. Los reclamos cuentan con cierta connivencia del Servicio Penitenciario que anticipan que la reforma implicará un riesgoso aumento de la población carcelaria en cárceles que ya están superpobladas.

Por otra parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación manifestó su “preocupación” por la media sanción en la Cámara de Diputados del proyecto legislativo que modifica la Ley de Ejecución Penal 24.660.

De acuerdo a este organismo, la iniciativa elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados, dado que “impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida” y explicaron que “esto conllevará al cumplimiento íntegro de las penas para la casi totalidad de los condenados que actualmente son alojados en las cárceles federales, incluyendo los penados por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala”.

Asimismo, señalaron que el proyecto “contraviene los estándares constitucionales de resocialización y reinserción social de los penados contenidos en la actual ley, los cuales fueron reconocidos tanto por nuestra Corte como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Y concluyó que la iniciativa “impide este retorno progresivo del condenado al medio libre” al establecer “un cumplimiento íntegro de la pena para la mayoría de los condenados, quienes tras un largo período de encierro carcelario, serán puestos en libertad en forma abrupta, sin el acompañamiento y supervisión del Patronato de Liberados previsto en la actualidad para el instituto de la libertad condicional”.