Los legisladores, aseguran que cuentan con el apoyo de diez bloques opositores. Intentan reflotar un proyecto de ley que sea una suerte de dique contra cualquier intención del Gobierno de criminalizar la protesta social.

Además, aseguraron que afirmaron que el Gobierno “busca hacer pasar el ajuste con represión” y anticiparon que la conflictividad social será más picante en lo que resta del mandato presidencial.

Durante la audiencia realizada en el Congreso, hubo testimonios de dirigentes sociales procesados, como el líder de la comunidad qom La Primavera, Félix Díaz; los trabajadores petroleros de Las Heras; referentes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) y el MST-Nueva Izquierda; Ferroviarios de Izquierda Socialista, y trabajadores de Kraft, entre otros.

También estuvo la titular de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, que dejó una ironía: “Tendríamos que pedir permiso el martes para movilizarnos los jueves”.

Néstor Pitrola, diputado del PO (en el FIT), recordó que tras una “multitudinaria movilización piquetera en 2003”, el entonces presidente Néstor Kirchner les dijo que, entre los reclamos que tenían, “sólo podía responder al que pedía el desporcesamiento de dirigentes”. “Aún seguimos esperando”, dijo el Pitrola.

Su compañero de bancada Nicolás del Caño (PTS) dijo que en los últimos meses hubo un “salto en la criminalización de la protesta por parte del Gobierno”.

En tanto, el diputado bonaerense Christian Castillo (PTS) anticipó que presentará hoy un proyecto similar al de Linares en la provincia.

Por su parte, Victoria Donda (Libres del Sur) dijo que al hablar del derecho a la protesta “estamos hablando de un derecho básico para vivir en democracia”, y apuntó a quienes pretenden cercenarlo “a pesar de que se llenan la boca hablando de la República” o se definen como “nacionales y populares”.

También estuvo Ricardo Alfonsín (UCR) apoyando la iniciativa.

Entre los legisladores que apoyan el proyecto están Alcira Argumedo (Proyecto Sur); Alicia Ciciliani (socialismo); Facundo Moyano (CEC), el dirigente metalúrgico Oscar Martínez, de la CGT oficialista, y Pablo Javkin (Coalición Cívica).

El proyecto de ley presentado dispone la “extinción de la pena y/o acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas en hechos ocurridos con motivos de reivindicación social”. Incluye en esta categoría protestas por cuestiones de Derechos Humanos, asuntos laborales, toma de tierras, educación y servicios públicos, entre otras.