Tras el anuncio del gobierno provincial
“Sin inversiones y sin audiencia pública no se pueden aumentar las tarifas”, señalaron desde una entidad

Info Blanco

El texto lleva las firmas de Juan Diego Gonzalez Morales, del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA), y de Henry Stegmayer (Consumidores Responsables),

 

La Asociación Consumidores Responsables y el Centro de Estudios por los Servicios Públicos y el Medio Ambiente (CESPMA) lanzaron un comunicado de prensa en referencia al aumento de la tarifa de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires:

 

 

 El Gobierno Provincial anunció un aumento para la concesionaria EDELAP de 7 % a partir del 1° de abril de 2021. Desde nuestras organizaciones creemos que antes de implementar cualquier tipo de aumento se deberían considerar, por lo menos, los siguientes aspectos:

1.- Tal cual se está debatiendo en las audiencias públicas nacionales (Gas y Electricidad) el primer aspecto a tener en cuenta es poner en el centro del debate a las usuarias y usuarios para ver si estamos en condiciones de afrontar un aumento por menor que sea, luego de los injustificados y tremendos incrementos tarifarios heredados de la Gestión Vidal.

Recordemos, que el tarifazo promedio fue de 2150 %, fundado en quita de subsidios a los costos mayoristas y aumento de ingresos para las concesionarias a través de las tarifas,

2.- Si bien el Poder Ejecutivo, no está obligado a convocar una audiencia pública,  existe una ley – la Nro. 13569 –que le permite hacerlo en caso de interés.

Desde nuestra convicción en defensa de las y los usuarios, no tenemos dudas que se debe convocar, ya que nos brindaría una verdadera oportunidad de participación ciudadana para debatir acerca de tarifas justas, razonables, accesibles y asequibles. Estamos convencidos que es necesaria dicha convocatoria a través del OCEBA para escuchar a la ciudadanía, ya sea en forma individual o a través de las asociaciones de consumidores y de las distintas organizaciones sociales.

También, es sumamente importante hacerlo para informar detalladamente y debatir en profundidad la Revisión Tarifaria Integral (RTI) 2017/2022 dispuesta por la gestión anterior, y no sólo este último aumento proyectado, tal como lo vienen realizando el ENARGAS y el ENRE por las tarifas nacionales, con una amplia participación popular.

3.- No podemos dejar de lado la existencia del detallado informe de la Subsecretaria de Energía Bonaerense que dio cuenta del incumplimiento de las inversiones comprometidas por parte de Edelap.

Pese a que el Gobierno de Vidal le concedió la posibilidad que solo realizara el 48 % de las inversiones necesarias para el sostenimiento del servicio, la empresa realizó en los años 2018 y 2019 solo el 85% y el 60% de la inversión comprometida.

Dicho incumplimiento en el nivel de inversiones se vio reflejado en graves eventos tales como el Apagón por falla doble en el sistema de alimentación de Alta Tensión en la Sub Estación City Bell, en el cual 43.000 usuarios de EDELAP sufrieron la interrupción del servicio público de energía eléctrica por varios días en junio de 2019.

En función de lo expuesto, creemos que primero debería discutirse en audiencia pública esas inversiones no realizadas, y conminar a la empresa a realizarlas bajo apercibimiento de caducidad de la concesión, previo a otorgarle un nuevo aumento o levantar la suspensión de los TARIFAZOS de Vidal.

Sostenemos que el acceso al servicio público de electricidad es un derecho humano y por ello debemos cambiar el paradigma de debate a la hora de analizar nuevos esquemas tarifarios, y no empezar el debate discutiendo que porcentaje de aumento necesita el concesionario, sino cual es el monto de la tarifa que pueden pagar los usuarios, para que esta sea considerada justa, razonable y no confiscatoria.

Solo de esta forma haremos realidad la consigna los servicios públicos son derechos.

 



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