“El problema que tiene que asumir y que subestimó María Eugenia Vidal es que tanto la bonaerense como el Servicio Penitenciario se autogobiernan desde hace años”, señalaron, a coro, los referentes del Frente Renovador de la Provincia luego de la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci.

En un gesto evidente por evitar hacer aserrín del árbol caído, dijeron lo que desde el kirchnerismo no se animan a decir con firmeza.

Es claro: desde que el ex gobernador Felipe Solá dejó el cargo, con la llegada de Daniel Scioli a la provincia comenzó una restauración a contrapelo de la reforma y la depuración que pretendieron hacer sus antecesores (fundamentalmente León Arslanián), pero que ya había empezado con la llegada de Juan Pablo Cafiero al área luego de la implosión en la fuerza que produjo el caso Cabezas unos años antes.

Si tuvo matices progresistas el gobierno de Felipe Solá, fue en el área Seguridad donde se pudieron destacar avances relativos que con la llegada de Ricardo Casal quedaron truncos.

Fernando Díaz, la cara amiga

El ministro de Justicia bonaerense, Carlos Mahiques, justificó el nombramiento de Díaz “porque hubo muchos años de desidia, de corrupción, de mala administración que hoy nos exige entrar en términos técnicos en emergencia. Y para una emergencia necesitamos un emergentólogo y en este caso este piloto de tormentas que nos va a ayudar enormemente en la reorganización y reordenación del sistema penitenciario es alguien que los conoce muy bien* , que es honesto, que trabaja incansablemente, que ha sabido desempeñarse con honorabilidad y eficacia en otros tiempos pero que ahora le van a exigir un esfuerzo incluso creo que mayor”, dijo.

El “emergentólogo” (como califica el ministro a Díaz), ya ocupó el cargo para el que ha sido designado. Fue desde el 2005 (cuando gobernaba Felipe Solá) hasta el 2009, durante el mandato de Daniel Scioli. Es, a todas luces, un hombre que conoce el tufo carcelario y tiene sólidos vínculos con “la tropa”, los cuadros medios y bajos del SPB de aquel entonces y que siguen en funciones.

A diferencia del destino de León Arslanián, y del estilo que intentó dar el jurista a su gestión (con foros de participación comunitaria, y un sinfín de herramientas destinadas a evitar el autogobierno de la fuerza), Díaz tuvo un desempeño al que le que no se le pueden encontrar luces, sino todo lo contrario.

La masacre de Magdalena

En la noche del 15 de octubre de 2005, 33 de 58 presos que se encontraban en el pabellón 16 de la Unidad Nº 28 de Magdalena (en condiciones deplorables, según constató más tarde la justicia), murieron asfixiados o por quemaduras. Fue un episodio que conmovió al país entero.

La masacre se desató luego de una pelea en el pabellón 16, que habilitó a los agentes del Servicio Penitenciario a irrumpir disparando con munición anti tumulto. Como respuesta, algunos detenidos incendiaron algunas camas y frazadas para frenar la despiadada represión que había ordenado Díaz, y pedir condiciones de detención un poco menos indignas, por lo menos.

El fuego se propagó inmediatamente en toda la cárcel. Como respuesta, los penitenciarios decidieron cerrar las puertas del penal. Un informe posterior revela que la mitad de los matafuegos estaban vacíos. Las llamas se llevaron, en minutos, la vida de 33 presos . Fue una trampa mortal, con tintes disciplinarios. La causa penal duerme en algún estante de los edificios de Tribunales. Pero Díaz vuelve.

Impunidad, divino tesoro

La agencia “Andar” describe aquel horrible ajusticiamiento y el papel que desempeñó Díaz: “La responsabilidad de su gestión fue evidente y el estado de la Unidad era deplorable: los colchones no eran ignífugos, no funcionaban los matafuegos, no había agua en la bomba contra siniestros y las personas permanecían en un pabellón que ni siquiera estaba formalmente habilitado y no reunía los estándares mínimos para el alojamiento. Sin embargo, 7 días después de lo ocurrido en Magdalena, Díaz declaró: ‘No hay ningún error que reconocer’”.

La tortura como costumbre

La masacre de Magdalena, sin embargo, no estaba aislada de una política generalizada en toda la Provincia. Eran años de cierta “primavera” democrática, luego de la terrible crisis económica y social de 2001, y entidades destacadas de la sociedad civil encontraron en el estado mayores y mejores canales para denunciar esta situación. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) hizo una profunda radiografía del Servicio Penitenciario bonaerense por aquellos días, los de Díaz.

Así, consigna la agencia Andar, denunciaron “la utilización de métodos como el submarino seco o húmedo y el pasaje de corriente eléctrica, que incluso fue probado judicialmente”.

Decía el informe: “El sistema se estructuró en base a la violencia ejecutada o promovida (por acción u omisión) por los agentes penitenciarios. En la Unidad 9 incluso se probó que los agentes eran quienes proveían de “facas” o cuchillos caseros a los detenidos”.

También, consignó Andar : “Se deterioró notablemente la salud de la población detenida y aumentaron las muertes por causas evitables y enfermedades que tienen tratamiento, como HIV, TBC o neumonías. Insumos esenciales se perdían en los circuitos de una corrupción que se asentó como estructural: los alimentos, medicamentos, elementos de higiene y aseo nunca llegaban a los detenidos, que debían obtenerlos de sus familias. Al menos 14 denuncias tramitaron en el Departamento Judicial La Plata por estas cuestiones”.

El funcionario, ahora repuesto en el cargo por Vidal, se excusaba de las críticas que alertaban sobre el autogobierno de los penitenciarios bonaerenses: "Al igual que ante la masacre de Magdalena las peores atrocidades fueron justificadas públicamente por Fernando Diaz que llegó a decir que los casos de picana eléctrica eran “armados por los detenidos para conseguir beneficios a nivel judicial”. En declaraciones públicas realizadas en 2007, el responsable del Servicio Penitenciario de la Provincia confirmó que en dos semanas se habían dado seis casos de denuncias de picana. Pero las desestimó alegando que “es gente que en general está pidiendo traslados o algún beneficio y que arma una situación como ésta y luego llama a algún organismo, en general la Comisión Provincial por la Memoria”, recordó la misma agencia.

A Seguro de lo llevaron preso

La bandera de la lucha contra la inseguridad es y fue el emblema del grueso de la dirigencia política de este siglo. También una fuerte demanda social que no puede ser soslayada. Hablar de este drama que se cobra vidas a diario sin poner en el centro del debate a las fuerzas de seguridad es un verdadero disparate que no tiene otra explicación que el inconfesable objetivo de no debatir las causas reales . La intención es no poner de relieve la connivencia entre delito y uniformados, entre presos y guardiacárceles y entre funcionarios políticos y judiciales con el enorme entramado ilegal que moviliza millones de pesos.

No es un problema partidario, lo rebasa por mucho. Es una deuda histórica del estado con la sociedad. Salvo con la reforma de León Arslanián – que quedó trunca – no hubo intentos reales de depurar a las fuerzas de seguridad, está a la vista.

Si la policía mantiene sus “cuadros tarifarios”, si los penitenciarios gobiernan las cárceles (y con ello la vida y la muerte de cada recluso), y si la dirigencia política y judicial son cómplices y garantes de este status quo, Dios o quien sea que proteja a los bonaerenses.

Vidal tiene por delante, como mínimo, cuatro años de gestión. Puede optar por seguir el camino frustrado pero más democrático y transparente que emprendieron Felipe Solá y León Arslanián. O también puede cogobernar con las fuerzas de seguridad con la fantasía (¿ingenua?) de “regular” a la policía, como Daniel Scioli y Ricardo Casal. O puede hacer lo que hizo Mauricio Macri en la Capital Federal, donde designó al frente de la flamante Policía Metropolitana al “Fino” Palacios, todavía procesado por escuchas ilegales y denunciado por la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001, entre otras cuitas pendientes. Este último camino, el de entregar el mando real a los uniformados, perece ser el que emprendió con el regreso de Fernando Díaz a las hacinadas, vergonzosas e inhumanas cárceles bonaerenses. Malas noticias para todos y todas.

Carla Albornoz
@Carla80laplata