Entre otros argumentos, la organización asegura que “las rutas de la Provincia de Buenos Aires son de poco caudal de tránsito, motivo por el cual la recaudación en su mayor parte se destina a la instalación de las cabinas de peaje y su costo operativo, sin volcarse los fondos necesarios al camino, lo cual hace antieconómico e impracticable el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta”.

Recientemente, Provincia anunció que AUBASA tomará la concesión por 27 años de la Autovía 6 que une Zarate con La Plata. La medida fue anunciada para “garantizar la transitabilidad de la ruta, así como sus condiciones de operación y mantenimiento, y la prestación de los servicios necesarios para asegurar a los usuarios la circulación de la misma conforme determinados estándares de calidad”.

“Esta nefasta decisión del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires generará serios perjuicios sociales y económicos, y un considerable aumento en el costo de transporte, afectando no sólo a los usuarios viales, sino también a toda la sociedad en su conjunto y fundamentalmente a las localidades servidas por el corredor vial en cuestión”, advirtió la CONADUV.

“La concesión vial a través del sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta, y para colmo, solo para mantenimiento, que se ha decidido implementar en la Ruta Provincial N° 6, es claramente inconstitucional por tratarse de un corredor vial existente pagado con nuestros impuestos y sin caminos alternativos libres de pago; antieconómica e inviable por el bajo caudal de tránsito, e injusta por ser una ruta “abierta” donde unos pagarán y otros no, según atraviesen o no cada una de las estaciones de peaje”, denunció la organización.

El decreto establece el cobro de tarifas o peaje de la autovía N° 6, “desde la Ruta Provincial N° 215 (Progresiva Km 30+500) – Ruta Nacional N° 12 (Progresiva Km 208+942), a la que se le incorporará el tramo comprendido entre la Ruta Provincial N° 215 y la nueva traza AU Buenos Aires – La Plata”. Cada peaje tendrá un costo de entre 25 y 30 pesos cada una.

“Dicha iniciativa provincial, llevada a cabo sin la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, demuestra una actitud claramente antidemocrática, arbitraria, irresponsable, de soberbia y de enorme desconocimiento en materia de infraestructura vial de parte de la Señora Gobernadora y del Ministro de Infraestructura bonaerense, ya que, como en tantas otras oportunidades, nunca se ha convocado a las entidades de usuarios viales para cambiar opiniones, a pesar de los reiterados pedidos de audiencias solicitados en tiempo y forma”, criticó la CONADUV.

“Sin ir más lejos, en materia de derechos del usuario, las concesiones viales bonaerenses, se han llevado adelante de espaldas a mecanismos de control social, como lo son las veedurías ciudadanas y las audiencias públicas. La administración y gestión de lo público requiere de la no exclusión de la participación ciudadana, premisa que jamás se respetó en la Provincia a la hora de la toma de decisiones, las cuales se han sucedido de manera unilateral por medio de decretos del Ejecutivo o de medidas ministeriales”, continuaron.

“Los caminos son de dominio público, no son propiedad exclusiva de quien gobierne la Provincia o de algún funcionario”, alertaron.

Para la CONADUV, el sistema de peaje directo con cabinas de cobro en ruta es “una herramienta o método de financiamiento que debe utilizarse exclusivamente para recuperar la inversión previamente realizada en obras nuevas construidas por un inversor que arriesga su capital para brindar un servicio nuevo, como por ejemplo una autopista o autovía, y con un camino alternativo libre de pago”.