En la madrugada del 20 de mayo de 2019, Danilo Sansone de 13 años, Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14), y Rocío Quagliarello (13) paseaban por la ciudad de San Miguel del Monte en el Fiat Spazio conducido por Aníbal Suárez (22). En algún momento del recorrido, dos policías a bordo de un patrullero de la Policía Bonaerense comenzaron a perseguirlos y dispararles. Desde otro móvil -que pretendió bloquear el paso del auto- también efectuaron varios disparos. Una de las balas hirió a Gonzalo. Después de varias cuadras de persecución, en la colectora de la ruta nacional 3 (a la altura del barrio San Bernardo) el auto impactó contra un acoplado que se encontraba estacionado: Aníbal, Danilo, Camila y Gonzalo murieron en el lugar. Sólo Rocío sobrevivió tras un mes de internación producto de múltiples lesiones de gravedad.       “Esa madrugada vino la policía a mi casa para decirme que mi hijo había tenido un accidente mientras andaba robando. Lo primero que pensé y les dije es que era imposible, que mi hijo no robaba porque no le faltaba nada. Ahí me llevaron al hospital, pero no me dejaron verlo ni reconocer el cuerpo”, cuenta a Canal Abierto Gladys Ruizdía, mamá de Danilo. Y agrega: “En ese momento se me derrumbó la vida, y el dolor sigue hasta el día de hoy. Nos arruinó”. “A las pocas horas, por la mañana, nosotros ya sabíamos toda la verdad; los que no sabían o no se quisieron enterar fueron las autoridades municipales”, señala. Inmediatamente después del crimen la policía lanzó un extenso operativo para borrar pruebas y falsificar las actas de procedimiento. Hasta intentaron adulterar las grabaciones de las cámaras de seguridad para que no quedara registro de la persecución. Fue gracias a Alexis Rodríguez, un trabajador del centro de monitoreo que resguardó y difundió los videos, que se truncó la maniobra de ocultamiento.  “Viendo que quisieron tapar todo, no me arrepiento de haber hecho lo correcto”, aseguró en aquel entonces durante una entrevista con Canal Abierto.

El juicio

En marzo de este año, el Juez de Garantías de La Plata Eduardo Silva Pelossi rechazó los pedidos de nulidades y sobreseimientos presentados por los abogados defensores de 14 de los 24 imputados, y elevó a juicio la causa. El magistrado entendió que no hubo agravios ni se cercenó ningún derecho ni garantía procesal para sostener la nulidad de lo actuado, y sostuvo que existen en el expediente judicial elementos de mérito suficientes para considerar la participación de los imputados. El Capitán la Bonaerense Rubén Alberto García y los oficiales Leonardo Daniel Ecilape, Manuel Monreal y Mariano Alejandro Ibañez están acusados de ser coautores de los delitos de homicidio agravado por abuso de función como miembros de las fuerzas policiales, calificado por el empleo de armas de fuego -consumado y, en tentativa- y violación de los deberes del funcionario público. En su resolución, el juez aclaró que estos cuatro imputados ya optaron por el procedimiento del juicio por jurados. Otros nueve policías están imputados por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: se trata de Marcelo Idarreta, José Domínguez, Melina Bianco, José Durán, Maia Valiente, Cristian Alberto Righero, Juan Manuel Gutiérrez, Julio Micucci y Nadia Genaro. Además, Florencia Stankevicius, Mario Mistretta, Evelin Van Monleghey, Camila Galarza, Marisol Rizzo, Sergio Servia y Héctor Enrique Ángel enfrentan cargos por encubrimiento agravado, incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público. Y los agentes Julieta Aguilera Rearte, Nelson Rodríguez y Raúl Mauregui por violación de los deberes de funcionario público. El último de los imputados es Claudio Martínez, el entonces secretario de seguridad de San Miguel del Monte, acusado por encubrimiento agravado y violación de los deberes del funcionario público.  

Las responsabilidades políticas y la solidaridad de un pueblo

Además de estas elevaciones a juicio, aún queda pendiente la causa que investiga las responsabilidades de la ex Intendenta Sandra Mayol y Nelson Barrios. También la causa que en la justicia federal investiga las acciones de espionaje ilegal que la policía bonaerense desplegó sobre los familiares y actividades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El organismo acompañó desde el primer momento a las familias de las cinco víctimas y también a los vecinos y vecinas de San Miguel del Monte que, con sus testimonios, fueron claves para desmontar la versión policial y derribar el plan de encubrimiento. “Fue muy importantes el apoyo del pueblo: en particular, de quienes se la jugaron diciendo la verdad y ayudaron a desarmar las mentiras que quisieron plantar”, asegura Gladys. Frente a los cuidados sanitarios que obliga tomar este contexto de pandemia, las familias de las cinco víctimas decidieron no convocar a ninguna manifestación por el segundo aniversario de la masacre. “Tenemos confianza en que va a haber justicia y los responsables van a ser condenados”, sentencia la madre de Danilo.   Fuente: Andar Agencia