En la provincia de Buenos Aires, la ley 10592 y sus modificatorias constituyen el Régimen Jurídico Básico e Integral de las personas con discapacidad.

Para la ley bonaerense, la discapacidad es toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano.

El Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad fue creado como órgano asesor del Poder Ejecutivo en la planificación de las políticas de promoción, en el control de las instituciones privadas y en la coordinación con el resto de los organismos y entidades.

El diputado provincial del Frente Renovador Javier Faroni presentó un proyecto con el propósito de que ese organismo asesor incluya una línea telefónica gratuita y una plataforma digital, que deberá estar incorporada a la página web del Gobierno de la Provincia, para evitar la burocracia estatal.

“Resulta esencial crear canales de intermediación entre los potenciales afectados y quienes están para resguardar sus derechos”, declaró el legislador, que pretende que dichos mecanismos tecnológicos sirvan para efectuar consultas y denuncias.

El Consejo Provincial está compuesto por distintos representantes; entre ellos, del Estado bonaerense y de diversas discapacidades como auditiva, mental, neurolocomotora, viceral y visual.

La misión del Consejo, según consta en su página web, consiste en instalar el tema de la discapacidad en todas las áreas de gobierno, formulando y gestionando políticas de acción, tendientes a integrar a la persona con discapacidad a la sociedad en su conjunto.