Opinión
La Campaña Nacional contra la Violencia Institucional se refirió a las cárceles y el aislamiento social

InfoBlanco

“La situación de las cárceles en la provincia es realmente compleja, mientras se debate si abrir o no abrir el ASPO, las cárceles siguen sobrepobladas, hacinadas y con deficiencias sanitarias graves”, comienza el análisis que dio a conocer la entidad.

Compartimos el comunicado en forma textual:

La situación de las cárceles en la provincia es realmente compleja, mientras se debate si abrir o no abrir el ASPO, las cárceles siguen sobrepobladas, hacinadas y con deficiencias sanitarias graves.

No está demás aclarar que, de esparcirse el virus en cualquier unidad de la provincia, el sistema sanitario colapsaría sin posibilidad de respuesta adecuada.

La Suprema Corte el día 25 de marzo se lavó las manos resolviendo que sean los Juzgados y Tribunales de primera instancia quienes se hagan cargo caso por caso de la situación que el propio poder judicial generó.

En ese momento desde la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional se relevó el 85% de las cárceles de la provincia, obteniendo como resultado que una de cada dos presentaciones a la justicia no obtienen respuesta y uno de cada tres personas privadas de la libertad que quiere realizar una presentación, no tiene forma de hacerlo.

En definitiva lo que demuestra el informe, es que la resolución de la Corte es completamente obsoleta y ni los Juzgados ni los Tribunales están dando una respuesta adecuada, más bien están guardados en su casa sin dar respuesta alguna.

La Corte se tomó un mes y medio para responder esta presentación, diciendo que vayan a una futura mesa institucional a plantearlo, un verdadero chiste jurídico de jueces que cobran cerca de medio millón de pesos para no hacerse cargo de los problemas que generan.

Ante esto, la Campaña realizó más de 30 presentaciones individuales, en un caso por caso, centralmente a personas privadas de la libertad que esperan juicio (son inocentes) y se encuentran detenidas por leves, contra la propiedad o abstractos (tenencia de armas o de estupefacientes). Obteniendo respuesta sólo en dos casos.

Pasados hasta dos meses de esas presentaciones, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, vuelve a presentar una denuncia a la Suprema Corte de la provincia, detallando caso por caso, situación por situación.

Y reclamando una respuesta jurídica por parte de la Corte a la primera presentación, puesto que mandarlos a dialogar a una mesa institucional, lejos está de ser una respuesta adecuada.



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