El pasado 13 de octubre, tras un llamado al 911, dos chicos de menos de 15 años fueron detenidos en el estacionamiento de un hogar de ancianos de calle 41 entre 1 y 2 de La Plata. Durante el operativo, los adolescentes sufrieron requisas y hostigamientos. La policía debería haber dado intervención al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero no lo hizo. En cambio, los chicos fueron trasladados ilegalmente a la comisaría.

“Este caso es uno más de tantos que ocurren a diario; desde hace un tiempo, las detenciones arbitrarias y el traslado a comisarías de niños, niñas y adolescentes se constituyeron en prácticas habituales. Estas prácticas vulneran los derechos garantizados por la Constitución Nacional, la Convención de los Derechos del Niños, y leyes nacionales y provinciales”, aseguraron desde la CPM.

En su momento, el organismo puso en conocimiento de los hechos a la Asesoría de incapaces N 4 de La Plata que presentó un habeas corpus ante el Juzgado de Garantías del Joven. La medida iniciada por estos dos chicos y por todos los niños, niñas y adolescentes del departamento judicial La Plata, advierte sobre el cercenamiento de la libertad ambulatoria y exige que cesen las detenciones arbitrarias.

En el marco de esa intervención, la CPM presentó un amicus curiae en el volvió a expresar su preocupación no sólo por este caso en particular sino por la continuidad de una política punitiva basada, casi exclusivamente, en la persecución y hostigamiento a los jóvenes pobres. A su vez, el organismo reclamó que la medida sea efectivamente extensiva a todos los jóvenes del departamento judicial.

Además de exponer la adhesión al habeas de la Asesoría, la CPM realizó un detallado informe donde describe las “graves violaciones a los derechos que vienen sufriendo los niños, niñas y adolescentes de toda la provincia”. En ese sentido, se remarcó la “estrategia de saturación territorial incrementó las prácticas arbitrarias e ilegales de la policía que, a su vez, son la condición de posibilidad para el gatillo fácil, la tortura y el hostigamiento policial”.

Frente a esta situación violatoria de los derechos y garantías, la CPM señaló la expresa prohibición por ley de alojar jóvenes en comisarías y advirtió sobre la falta de intervención de los servicios zonales y locales de promoción y protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes que deberían intervenir en estos casos. (CPM/Agencia)