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La justicia en lo contencioso administrativo de La Plata ordenó ayer a la Agremiación Médica Platense (AMP) mantener la atención de los afiliados del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que había suspendido el miércoles por diferencias en el convenio con la obra social.

El dictamen fue emitido por la jueza María Ventura Martínez al hacer lugar a una medida precautelar que presentó l jueves la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el fallo la magistrada consideró que la decisión de suspender las prestaciones médico asistenciales dispuesta por la Agremiación Médica Platense (AMP) “impacta negativamente en la preservación de la salud y la vida de las personas”.

“Crea una situación de riesgo social por el daño temido o cierto que puede sobrevenir sobre la vida o salud del colectivo garantizado por el ordenamiento jurídico constitucional y supranacional y requiere una especial y urgente tutela”, señaló.

En ese marco ordenó a la Agremiación Médica Platense asegurar la continuidad del contrato suscripto con el Instituto Médico Asistencial (IOMA), “debiendo mantener las prestaciones comprometidas respecto de los afiliados de la obra social provincial, hasta tanto se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión”.

La jueza Ventura Martínez citó en sus fundamentos abundante doctrina y jurisprudencia a nivel nacional e internacional sobre el derecho a la vida y la salud de las personas.

En la presentación, la Defensoría consideró “que la AMP se niegue a cumplir con los derechos y obligaciones del convenio es una actitud temeraria, que asimismo pone en grave riesgo el ejercicio del derecho humano a la salud de los afiliados".

"Además crea una situación de riesgo social por el daño que se puede producir sobre la vida o salud de la comunidad”, agregó.

El conflicto entre IOMA y la agremiación médica platense comenzó en julio cuando la obra social denunció a la AMP por una presunta defraudación de hasta ocho millones de pesos en la que estarían involucrados doce profesionales asociados.

Desde entonces, ambas partes comenzaron a reunirse para implementar un nuevo convenio de prestaciones, pero tras cumplirse el plazo fijado en el 16 de septiembre para llegar a un acuerdo, la AMP anunció que a partir de esa fecha atendería a los afiliados de IOMA como particulares.

"Esa decisión unilateral iba en contra de lo acordado por las partes al momento en que la Defensoría se presentó como mediadora de las negociaciones, cuando aceptaron retrotraer el convenio al 6 de julio y mantener su vigencia", según las autoridades de IOMA.

Guido Lorenzino, indicó en el escrito que como Defensor del Pueblo debe "velar por la garantía del derecho humano a la salud, impidiendo prácticas o acciones que atenten contra las condiciones de acceso al mismo".

"Necesitamos que se garantice la presentación a más de 300.000 afiliados, y esperemos novedades en las próximas horas. Además, mantenemos nuestra predisposición para que tanto la AMP como el IOMA continúen con las negociaciones para llegar a un nuevo convenio”, afirmó Lorenzino.

Tras la presentación del Defensor, el presidente de IOMA, Homero Giles, reiteró que el convenio “está vigente” y dijo que lo único que terminó “es el plazo de negociación”.

Giles se mostró dispuesto a mantener las conversaciones: “Como hicimos ayer, haremos hoy y seguiremos haciendo mañana”, expresó, y opinó que “es difícil si todos los días reclaman algo nuevo, en una actitud claramente extorsiva”.

“Tenemos convenio con 36 entidades en la Provincia y la AMP es la única en conflicto. Si no quieren trabajar con IOMA les pedimos que les permitan hacerlo a aquellos profesionales que estén dispuestos, porque el Colegio de Médicos y otras entidades los están amenazando con sanciones”, concluyó.