Por primera vez, el Estado Nacional y de la Provincia de Buenos Aires hicieron un acto de reparación simbólica por habérsele negado el acceso a un aborto legal a una joven con discapacidad que quedó embarazada producto de una violación. Además de autoridades gubernamentales, estuvieron presentes la joven damnificada y su familia.

En el 2006, la chica cuya identidad es resguardada bajo las iniciales L.M.R. tenía 19 años y una edad mental de 10 años, cuando quedó embarazada producto de los abusos sexuales de un tío, quien fue procesado y detenido por ese delito. Cuando su madre constató en el Hospital local el embarazo de L.M.R., solicitó que se le practicara un aborto legal.

La solicitud fue negada y L.M.R. fue derivada al Hospital San Martín de La Plata, en el cual se suspendió la práctica por intervención de la justicia. El caso se demoró varias semanas y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires determinó que el aborto era legal, que debía realizarse y que estos casos no se deben judicializar. Pero el Hospital ya no quiso realizarlo aduciendo que el embarazo estaba muy avanzado. L.M.R. debió interrumpir su embarazo en el circuito clandestino.

El 29 de marzo de 2011, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó entre otras medidas que el Estado debía reconocer su responsabilidad por negarle el acceso a un aborto legal a la vez que determinó reparaciones económicas a la joven y a su familia, así como garantizar medidas, a través de políticas públicas para que no se repitan situaciones similares.

La demanda contra el Estado argentino había sido promovida el 25 de mayo de 2007 por el Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar), el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Asociación Católicas por el Derecho a Decidir, de Córdoba.