domingo 25 de febrero de 2024 - Edición Nº -1908

Información General | 30 ene 2024

Hay preocupación en los talleres protegidos porque el gobierno dejó de pagar a los operarios unos magros $28 mil mensuales

Son espacios destinados a personas con discapacidades.


Por: Juan José Pfeifauf

La medida afecta a 8000 trabajadores distribuidos en 300 instituciones. La mayoría de los asistentes no cobran otro beneficio estatal. Son operarios con síndrome de Down, autismo, hipoacusia, ceguera, discapacidad motora y enfermedades mentales leves. Producen bolsas de residuos, repasadores, huerta y trapos de piso.    

María del Carmen Adam es profesora de Educación Física, tiene 59 años y desde hace 4 dirige los destinos del Taller Protegido del Pueblo Santa María, donde concurre su hija Marilina. Altruista y comprometida con la discapacidad, les da gratis, por falta de fondos, gimnasia a los 15 operarios que concurren diariamente a la institución ubicada en el pequeño poblado alemán de 1800 habitantes, ubicado al sur de Coronel Suárez.

Desde que el gobierno nacional a cargo de Javier Milei improvisó el recorte en todas las áreas y pisó el salario que perciben los operarios de los talleres protegidos del país, Carmen se contactó con otros directivos y se erigió en una portavoz de los que menos voz tienen en la sociedad: los discapacitados.

“Nuestros operarios no pueden vivir con $28 mil mensuales porque no podrían comprar ni una flauta de pan por día, dado que la mayoría no tiene otro ingreso estatal. Ellos, generalmente, están a cargo de un familiar, pero ese dinero es una ayuda importante”, explica María del Carmen, al tiempo que aclara: “Ahora, los operarios, que tienen edades entre 21 y 60 años, están de vacaciones, pero el lunes 5 de febrero retomarán las actividades y preguntarán cuándo cobran su salario”.

 

Talleres protegidos (archivo)

 

La peor cara del ajuste

A través de la Secretaría de Trabajo, el gobierno asiste a los trabajadores con discapacidad que participan en los talleres protegidos con una “asignación mensual estímulo, no remunerativa, equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente”, establece la ley 26816. Ese aporte económico es el que el Estado Nacional dejó de pagar en tiempo y forma y que generó el rechazo de la sociedad toda.

¿Todavía no se comunicaron con ellos para explicarles la situación?

Acá en la colonia no tenemos mucha relación con ellos porque la mayoría de los operarios hacen el circuito diario casa-taller y taller-casa. Obvio, que el lunes que viene nos van a preguntar.

¿Cómo tomaron la noticia ustedes?

Muy mal. Nos tocaron un punto muy débil que es la discapacidad; por eso, no hay que esperar para solucionarlo, hay que hacerlo ahora. Es una noticia desagradable por donde se lo mire.

¿Ya venían sufriendo recortes del gobierno nacional?

Sí. En noviembre pasado nos cortaron el contrato de la terapista ocupacional que teníamos. Desde el Taller, no pudimos contratarla porque no tenemos recursos suficientes. Para dar una idea, contamos con una instructora para los 15 trabajadores. Todavía no sabemos qué va a pasar con el profesor de música que tienen.

¿Cómo afrontan los gastos diarios?

Los que formamos la Comisión Directiva estamos a cargo de todo: desde la limpieza hasta el resto de las tareas de funcionamiento del lugar; por eso, como en la colonia los vecinos son muy colaborativos, organizamos eventos solidarios para recaudar fondos. En diciembre pasado, vendimos empanadas para que cada uno de ellos tuviese los 15 mil pesos de aguinaldo.

¿Qué producen en el taller de Santa María?

Los operarios vienen todos los días de 8 a 12. Durante ese tiempo, confeccionan repasadores, bolsas de residuos y bolsas de papel kraft para las panaderías de la zona.

 

 

Sinergia

El trabajo sinérgico de los actores involucrados en los talleres protegidos afectados por las indecisiones del gobierno nacional, que incluyó denuncias en las redes, conversaciones y reuniones, parece que sacó del letargo a los funcionarios nacionales que debían dar respuestas rápidas a temas tan sensibles como la discapacidad. Según informaron hace pocas horas, la situación podría regularizarse en los próximos días y los operarios cobrarían sus ingresos a partir de febrero.

Elisabeth Frank es Licenciada en Terapia Ocupacional y directora del Taller Protegido de Coronel Suárez. En la ciudad cabecera del Distrito, la situación, tampoco es muy disímil a la que ocurre en Santa María: “El último pago que recibieron los operarios fue en diciembre”, aclara la funcionaria, al tiempo que agrega: “Desde las distintas agencias territoriales nos informan que hay indefinición en el circuito administrativo, dado que faltan firmas”.

Con 41 operarios a cargo y dos instructoras, la flamante directora detalla que los trabajadores producen bolsas de residuos de distintas medidas, trapos de piso y huerta que proveen a la Municipalidad y a la compañía papelera Smurfit Kappa, aunque, también, venden a clientes particulares.

 

¿Están preocupados por la falta de pago?

Sí, obvio. Ellos están atravesando situaciones socioeconómicas muy complicadas y acá los que sufren discapacidad mental tienen difícil acceso al sistema de salud. La semana pasada, por ejemplo, uno de los operarios me dijo angustiado que tenía miedo de que le cortaran la luz y el gas porque no los había abonado. La mayoría no tiene pensiones.

¿Cuáles son los ingresos que reciben los operarios?

Ellos reciben un doble ingreso: uno del Ministerio de la Comunidad bonaerense de $11 mil, aproximadamente, y el otro de Nación, que son los $28 mil. Por su parte, el taller cobra una beca de $15 mil por operario.

 

El sopor de los funcionarios

Pese a la buena voluntad de la comunidad, las arcas del Taller Protegido de Santa María continúan minúsculas y la situación no parece más saludable en el corto plazo. “El año pasado logramos inaugurar el Salón de Usos Múltiples con ayuda del Gobierno Nacional”, aclara María del Carmen, mientras espera que la Municipalidad de Coronel Suárez, por su parte, le entregue material deportivo para no tener que seguir usando los propios cada vez que brinda sus clases gratuitas.

En el taller sobra voluntad y faltan recursos. Por eso, la incertidumbre sobre el futuro reina como el sopor de los funcionarios que deben decidir cuándo cobraran sus ingresos los 8000 trabajadores discapacitados del país.

Cae la tarde en Santa María. En la colonia, una de las 3 que erigieron los “alemanes del volga” en el partido de Coronel Suárez en el siglo XlX, todo parece suspendido en el aire. El calor hace lo propio. Mientras sube a la camioneta, Carmen, aclara: “Si es necesario, venderemos empanadas, pizzas o tortas para juntarles el dinero. Meterse con la discapacidad es la peor cara del ajuste”, concluye.

 

 

 

 

 

 

 

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