"El Gobierno español aprobó este martes una ampliación del plazo inicial de dos años hasta octubre de 2025, para que descendientes de españoles que migraron durante la dictadura franquista (1939-1975) puedan pedir la nacionalidad sin perder la suya", informó este martes la agencia EFE. Incluye a hijos y nietos de exiliados que tuvieron que abandonar” ese país “por causas políticas, ideológicas e incluso de orientación sexual”.

Además, aclaró que "la mayoría de las 300.000 personas que han adquirido la nacionalidad española por ser descendientes de exiliados de la dictadura en España lo han hecho en Argentina y Cuba, según datos oficiales".

En un comunicado, el gobierno español explicó que las solicitudes recibidas hasta el momento en las oficinas del Registro Civil Consular son 301.121, más del 95 por ciento en consulados en América Latina y en el de Miami (Estados Unidos).

La mencionada agencia de noticias detalló también que "en los cinco consulados en Argentina se recibieron el 40 por ciento, que junto con las presentadas en el de La Habana superan el 53 por ciento", y agregó citando al Poder Ejecutivo que en las oficinas consulares “existe un número de solicitantes que difícilmente podrán ser citados y atendidos antes de la finalización del plazo de dos años”.

La ampliación responde a que “se puedan atender todas las solicitudes de cita ya presentadas y pendientes de asignación de fecha, así como todas las que se presenten y que no puedan ser atendidas en los dos primeros años de aplicación inicialmente previstos en la ley”, subrayó el gobierno español.

El ministro de Memoria Democrática de ese Estado, Ángel Víctor Torres, informó en una conferencia de prensa realizada en Madrid sobre la ampliación del plazo, que permite la Ley de Memoria Democrática en España.

Esa norma rige desde octubre de 2022, y establecía un plazo de dos años, por lo que concluía inicialmente en octubre de este año, pero permite una prórroga por uno más.

La ley incluye a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que perdieran la nacionalidad por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual al exiliarse durante la Guerra Civil española (1936-1939) o la dictadura militar de Francisco Franco (1939-1975).

También están contemplados los hijos nacidos de madres que la perdieran por casarse con extranjeros antes de entrar en vigor la Constitución española de 1978.