Opinión | 10 jul 2024
Industria Pesquera, el impacto del RIGI y un Gobierno que preocupa
Por Giuliano Falconnat: consultor en Pesca, consejero directivo de la UTN Mar del Plata, y ex presidente de la Federación Universitaria Tecnológica (FUT).
El nombramiento de Federico Sturzenegger al frente del flamante Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado es un hecho político que sacudió el tablero y preocupa no solo al arco opositor al Gobierno de Milei y compañía sino también a diversos sectores de la Economía que ven con malos ojos el poder que tendrá el funcionario sobre reformas que pueden alterar el funcionamiento de la matriz productiva y el mercado laboral, uno de ellos es la Industria Pesquera.
Recordemos que Sturzenegger fue el autor intelectual de la primera versión de Ley Ómnibus que contenía, entre muchas otras, severas modificaciones a la Ley N° 24.922 “Régimen Federal de Pesca” que pusieron en alerta tanto al empresariado como a los gremios y Organismos de control de la Pesca, fundamentalmente por el artículo 27 que planteaba la adjudicación de cuotas de captura mediante sistema de licitaciones internaciones (buques extranjeros podrían quedarse con el recurso que hoy captura nuestra flota) y el otorgamiento de permisos de pesca sin priorizar a aquellos buques construidos en astilleros Nacionales, aquellos que poseen menor antigüedad y aquellos que generan mayor mano de obra, tres pilares de la legislación actual que protegen a la Industria Naval Argentina.
Ahora bien, si se observa al resto del Gabinete del Ejecutivo Nacional podemos asegurar que la Pesca, debido a los anuncios y decisiones de los Ministerios más importantes, encuentra más motivos para preocuparse que para celebrar.
Tal es así el caso de Luis Caputo, “súper Ministro” de Economía, del cual dependen áreas clave como Energía, Hacienda, Puertos y Vías Navegables, Agricultura, Ganadería y Pesca, entre otras. “Toto”, castiga a la actividad fundamentalmente en tres aspectos:
1-El no levantamiento del CEPO, uno de los principales pedidos del sector para hacerse de flujo financiero para funcionar.
2-El incremento en el impuesto PAÍS, que lejos de la promesa de campaña de eliminarlo, lo llevaron del 7,5 al 17,5% lo cual impacta de lleno en los insumos, ingredientes y servicios contratados en el exterior.
3-Retenciones, las cuales fueron fijadas en alícuota del 15% para los productos derivados de la Pesca, sin discriminar por especie ni grado de valor agregado.
Esta combinación de impuesto PAÍS por encima del doble respecto al valor de 2023 y el incremento (indiscriminado) en las retenciones resulta letal para un sector que es mayoritariamente exportador ya que se produce a un dólar equivalente a $1.695 y exporta a razón de $1.225, una brecha del 28% que saca del mercado a más de uno.
Por otro lado, si bien algunos festejaron la aprobación en el Congreso de la famosa Ley Bases debido a ciertas flexibilizaciones laborales y concesiones, lo cierto es que la restitución del Impuesto a las ganancias con un piso de $1.800.000 afectará al personal embarcado de la flota pesquera Argentina y a gran parte de la mano de obra formalizada en tierra, lo cual va a generar conflictos con los gremios peleando por salarios acordes y se traducirá en demoras en la zarpada de los buques y pérdida de competitividad para los armadores. Como si fuera poco, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) denota la desesperación del Gobierno de hacerse con divisas extranjeras, al costo que sea, y supone una amenaza más que puede reflotar la idea de asignar cuotas de pesca a buques de otros países para que depreden nuestro Mar.
La Canciller Mondino, para no ser menos, sorprendió al anunciar en su cuenta de la red social “X” la firma de un acuerdo llevado a cabo en Nueva York con 90 países para definir Áreas Marítimas Protegidas en inmediaciones a nuestra Zona Económica Exclusiva, lo cual fue recibido con optimismo por algunos sectores ambientalistas y un puñado de empresarios libertarios pero suena ilógico viniendo de la misma persona que en pleno debate dijo que los buques pescan “casi gratis”, que “el recurso se protege igual si el que pesca es un Argentino o no” y que protagonizó el escándalo por Pesca ilegal de merluza negra a cargo del buque Tai An, que derivó en la renuncia del Director Nacional de Control y Fiscalización Pesquera.
Por su parte el Consejo Federal Pesquero, máxima autoridad de aplicación del sector, apenas sesiona, pero anunció la adjudicación de 3500 toneladas de cuota social en langostino para la provincia de Río Negro, lo cual parece devolución de gentileza por el apoyo del Gobernador al “pacto de mayo” y fue duramente criticado por los representantes de Chubut y Buenos Aires. Además, no ha dado pistas sobre cómo piensa el Gobierno abordar la renovación de Cuotas Individuales Transferibles de Captura para la especie merluza hubbsi, pesquería de cabecera de nuestro país, con un caladero que se recuperó gracias al aporte científico tecnológico y la intervención eficaz del Estado, ya que había sido puesto en riesgo de extinción debido al descomunal incremento del esfuerzo pesquero que promovieron políticas de los ’90, muy similares a las recetas que se intentan aplicar hoy.
Por último, no se puede dejar pasar el hecho de que las operaciones que el Reino Unido lleva a cabo en la región perteneciente a nuestras Islas Malvinas son cada vez más profundas, como la exploración de 23 pozos petroleros offshore en la Cuenca (se calcula que representan una reserva de 580 millones de barriles), hechos que se suman a uno muy grave que sucede hace decenas años y consiste en el otorgamiento de permisos de pesca con bandera “Falkland Islands” de manera ilegal ya que el territorio es denominado en litigio por la ONU.
De esta manera queda expuesto, en primer lugar, el profundo desprecio y desconocimiento que tiene el actual Gobierno para con la Pesca. Segundo, la importancia que esta actividad posee en términos de soberanía y ocupación de nuestro territorio, entendiendo que la superficie marítima Argentina es incluso mayor a la terrestre y, tercero, la necesidad imperiosa de defender y valorizar a una actividad que hoy cuenta con 46.000 empleos directos, 381 buques autorizados y constituye el 7mo complejo exportador según cifras del 2023, con un aporte cercano a los 2 mil millones de dólares anuales y un potencial de enorme crecimiento y desarrollo por delante.