Por: Federico García

La Guardia Edilicia (GE) de la Universidad Nacional de La Plata fue creada en el año 2005 y, desde el 2009 está a cargo de la Dirección de Políticas y Estrategias de prevención Universitaria, al mando del ex Franja Morada Leonardo Cuello.

Con rondas y frecuencias di agramadas, y vestimenta identificatoria, la GE custodia la UNLP -en turnos rotativos- las 24 horas, los 365 días del año.

¿Qué custodia? Más de 100 bienes inmuebles por los que transitan más de 120 mil alumnos y alumnas, y más de trece mil profesores y profesoras, además de administrativos.

A partir de una ola de robos en cercanías a unidades académicas, entre 2010 y 2011 la Guardia creció un 40 % en cantidad de personal. En 2012 ya tenía 250 integrantes. Hoy se calcula que son alrededor de 300.

Más allá de formar parte de la UNLP y de que se los invite a marchar por la educación pública, los trabajadores de la GE no forman parte de la planta permanente, y hasta el año pasado no tenían contrato. Recién a mitad del 2023 pasaron a tener un contrato por prestación de servicios, es decir,  son "monotributistas". Cobran 180 mil pesos y, a partir de agosto, pasarán a cobrar 270.

En algunos casos llevan más de 10 años ejerciendo la tarea, para lo que no cuentan con ART ni tampoco, más allá de la obra social del monotributo, tienen la cobertura que sí poseen los empleados de la casa de estudios. 

Ese era el caso de Eduardo Piñeyro, ex trabajador de la Guardia, que fue despedido el 5 de octubre del año 2022, motivo por el cual envió una carta documento a la Universidad en noviembre de ese año. 

"Actuaron de mala leche. Yo me iba a ir solo en marzo del otro año, pero se comportaron mal conmigo", declaró el trabajador de 65 años a Info Blanco Sobre Negro. Actualmente, está desocupado. 

La causa, según contó Piñeyro, está asentada en el Juzgado Federal N° 2 Secretaría 4, y podría llegar a tener sentencia en diciembre de este año. De resultar favorable para él, podría sentar un antecedente importante dentro de la Universidad, tal como ocurrió años atrás en una unidad académica, en la que a raíz de un fallo adverso por un juicio que inició una docente, ya no hay más cargos adscriptos (ad honorem) en la misma.

Entre las pruebas con las que cuenta el trabajador para dejar asentada su relación de dependencia se puede mencionar un cuaderno, donde quedaron reflejados sus ingresos y egresos de la Guardia, con la firma de los supervisores y el sello de la UNLP.

Según detalló Piñeyro, el proceso comenzó con un reclamo que hizo a la Universidad para regularizar la situación, le siguió el envío de una carta documento y con posterioridad "se inició el reclamo de un monto determinado por pericia contable, actualizado por inflación". 

"Finalmente, salió el juicio por el ok del juez, el fiscal y el perito, y se sortearon tanto el perito contable como el contador. Ya declararon Cuello y uno de los supervisores, y falta declarar otro. Después viene la declaración y, si no hay acuerdo, la sentencia", concluyó el trabajador.