martes 10 de septiembre de 2024 - Edición Nº -2106

Información General | 28 ago 2024

Una legisladora del PRO quiere restringir el lenguaje inclusivo en las escuelas bonaerenses

La propuesta entiende por “lenguaje inclusivo” a cualquier “modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género, incluyendo el uso de signos, letras o morfemas que deformen las palabras”.


La legisladora bonaerense del PRO y presidenta de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Senado bonaerense, Aldana Ahumada, presentó un proyecto de ley que  busca "reafirmar el uso del idioma español conforme a las normas establecidas por la Real Academia española (RAE) en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, tanto de gestión estatal como privada", informaron sus voceros de prensa.

También explicaron que "la iniciativa que impulsa la legisladora de la Primera sección electoral pretende restringir la utilización del denominado “lenguaje inclusivo”, expresado de forma oral o escrita, en todas las actividades que se desarrollen en las aulas del vasto territorio bonaerense.

En los considerandos del proyecto, se menciona que "recientemente el Gobierno de Axel Kicillof destinó más de 4 mil millones de  pesos en la compra de libros, entre los que se encuentran ejemplares destinados a fomentar el 'lenguaje inclusivo' en las escuelas bonaerenses, lo que 'generó preocupación  sobre la pertinencia' de la medida en un contexto de crisis educativa severa".

La propuesta legislativa de la titular de la comisión de Educación del Senado bonaerense entiende por “lenguaje inclusivo” a cualquier “modificación de las reglas idiomáticas del español que implique la alteración de las formas gramaticales de género, incluyendo el uso de signos, letras o morfemas que deformen las palabras”, según detalla el artículo tres del proyecto.

La iniciativa parlamentaria de Ahumada le confiere la potestad al Ejecutivo de determinar la autoridad de aplicación, cartera o dependencia que deberá establecer los “mecanismos de supervisión y sanción para asegurar el cumplimiento” de  la normativa.

 

 

 

 

 

 

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