Su desempeño como Ministra plenipotenciaria implicó la consumación de una serie de inobservancias, si no vulneraciones flagrantes, a la Constitución Nacional y diversas Leyes Nacionales vigentes.

En primer término, se ha vulnerado la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional y ello debe tener una respuesta inmediata del Congreso de la Nación y hacer cumplir el artículo 75 que expresa “Corresponde al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes.”

De la misma manera que en el Gobierno de Mauricio Macri se utilizó como caballo de Troya el proceso llevado adelante por la Cruz Roja Internacional para la identificación de las tumbas de los soldados sepultados como NN, el Gobierno Nacional de Javier Milei y su Canciller Diana Mondino y otros funcionarios genuflexos de la Cancillería se allana a la estrategia británica de utilizar una cuestión humanitaria para avanzar en lograr mejores condiciones en la USURPACIÓN de las Islas Malvinas, del Atlántico Sur, mares correspondientes y su proyección hacia la Antártida.

Gran Bretaña debe cumplir con el Derecho Internacional Humanitario para completar el acuerdo llevado adelante por la CICR para completar la identificación de los cuerpos de los caídos en 1982 sepultados como NN. Es oprobioso que un Presidente y su Canciller permitan tal afrenta al sacrificio involuntario de nuestros compañeros caídos y conceder a la estrategia británica.

Este acuerdo es la reedición del nefasto acuerdo Foradori-Duncan del año 2016 y debe ser cancelado ya que contraría grandes logros de la diplomacia argentina, como fue la Resolución 2065 de la Asamblea General de Naciones Unidas , resultado de la labor del entonces Embajador José María Ruda ante el Subcomité III del Comité Especial Encargado de Examinar la Situación con Respecto a la Aplicación de la Declaración de la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.

La Resolución 2065 reconoció la existencia de una disputa por la soberanía de las islas y recomendó la necesidad de que ambas partes entablaran negociaciones que tuvieran en cuenta los intereses de los isleños.

En diciembre de 1973, a través de la Resolución 3160 de la AGNU, la Comunidad Internacional manifestó su preocupación por la falta de avances en la solución de la cuestión de las islas Malvinas y reconoció los esfuerzos realizados por el gobierno argentino. Posteriormente, la Resolución 31/49 de la AGNU, aprobada el 1° de diciembre de 1976, pidió un aceleramiento de las negociaciones bilaterales, reconoció, nuevamente, los esfuerzos del gobierno de la República Argentina de solucionar la Cuestión de las Islas Malvinas por la vía pacífica, e instó por primera vez a no adoptar decisiones unilaterales mientras el proceso recomendado por la Asamblea General y las negociaciones estaban en progreso.

La inclusión de este último apartado, solicitado por Argentina, estaba vinculado a los actos pretendidamente jurisdiccionales, que el gobierno del Reino Unido había comenzado a realizar, como por ejemplo la exploración de los recursos naturales pesqueros y petroleros en las aguas circundantes a las islas en disputa.