Por: Nicolás Harispe

Franco Robledo caminaba en horas de la noche por calle 67 entre 4 y 5. Llevaba un calzoncillo en la cabeza, a modo de gorro, un dato que puede resultarle importante a muchos psicólogos, pero que en sí mismo no configura ningún delito. 

Un patrullero que circulaba por esa la zona frenó cuando cruzó con el joven, policías que descendieron del móvil lo pusieron contra la pared, lo revisaron y le preguntaron por la prenda que llevaba puesta como si fuera un elemento de protección contra el frío. 

Robledo respondió que lo estaba usando con esa finalidad, pero los agentes comenzaron a indagar a vecinos de la cuadra y como uno de ellos dijo haber sufrido la rotura de un vidrio de una ventana, los uniformados lo detuvieron. 

Si ese calzoncillo era o no era robado a esta altura es lo de menos. Porque el detenido ya lleva un mes en la Alcaidía Petinatto, ubicada en Olmos. Todo por un calzoncillo. Y pese a lo que se cansan de recomendar diferentes instancias del Poder Judicial y organismos público y de la sociedad civil, que alertan ante la creciente y extrema superpoblación carcelaria. 

"En el presente hecho no hubo víctimas, sino una persona supuestamente damnificada (en estricto, no existió una afectación directa a una persona), y la materialidad es la del supuesto robo de UN CALZONCILLO. Me resulta incomprensible que continúe privado de la libertad, siquiera que se haya sostenido su detención y posterior prisión preventiva. La crisis que pasa el Servicio Penitenciario Provincial es total", señaló el abogado de Robledo, Ignacio Fernández Camillo en un escrito presentado en el marco de la causa penal.

El defensor del joven añadió: "Debe recordarse que en virtud de la denominada presunción de inocencia, el señor Franco Robledo debe ser considerado un ciudadano inocente, y consiguientemente las medidas de coerción que se dicten en su contra deben ser excepcionales".

También citó a la Corte Interamericana a de Derechos Humanos, que oportunamente señaló:  “La [privación de libertad] está limitada por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, indispensables en una sociedad democrática [...] Constituye la medida más severa que se puede imponer al imputado, y por ello debe aplicarse excepcionalmente [...] La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de la responsabilidad penal”.

Consultado por Info Blanco Sobre Negro, el abogado del detenido hizo hincapié en que "el encarcelamiento preventivo debe tener fundamentos muy contundentes", y aseguró que en caso de que existieran "pruebas suficientes" no alcanzan a justificar  la prisión preventiva.