Greenpeace presentó un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) por la decisión del gobierno nacional de disolver un fondo fiduciario para la protección de los bosques nativos en el país.

A través de un decreto firmado el pasado martes, el Ministerio de Economía de la Nación disolvió tres fondos fiduciarios, entre ellos el que tenía el objetivo de proteger los bosques nativos.

Según la organización ambiental, la medida pone en riesgo el control que hacen los gobiernos provinciales de los desmontes ilegales y los incendios forestales, ya que el 30 por ciento del dinero se destinaba al apoyo institucional para esa función. En tanto, el otro 70 por ciento se usaba para promover actividades sustentables en los bosques.

“El fondo para este año era de unos 15.000 millones de pesos (unos 15 millones de dólares / 13,4 millones de euros) que no se distribuyeron. Al eliminar el fondo fiduciario, el Gobierno no está obligado a repartirlo”, detalló a la Agencia EFE Hernán Giardini, coordinador de Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.

Por último, Giardini también se refirió al Presupuesto 2025, que establece recursos por casi 10.000 millones de pesos para la protección de bosques, cifra que, según Greenpeace, es apenas el 2,5 por ciento de lo que debiera destinarse si la Ley de Bosques se cumpliera correctamente.

“Si se aprueba el Presupuesto, los fondos están. Pero, al eliminarse el fideicomiso, el Gobierno puede echarle mano para otro destino o no distribuirlos”, advirtió el ambientalista.

Greenpeace hizo la presentación ante la Corte Suprema dentro de la causa judicial que la organización mantiene desde hace cinco años contra las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa y el Estado nacional argentino por violar la Ley de Bosques y poner en riesgo a los últimos 20 yaguaretés que quedan en la región del Gran Chaco Argentino.

Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos

De acuerdo a lo establecido por la ley de 2007, el Fondo debía nutrirse con recursos provenientes del 2 por ciento del total del cobro de los derechos a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, la ganadería y el sector forestal.

En el decreto que lo disolvió, el Ejecutivo argumentó “deficiencias en los registros” que “dificultan el seguimiento” de los recursos previstos en el fondo y un “déficit de capacidad institucional y logística” de las provincias “para informar y evidenciar la efectiva aplicación de los fondos”.