Este miércoles deberá comparecer ante la justicia de Junín el intendente de Ameghino, Nahuel Mitellbach, uno de los distritos del noroeste bonaerense. Allí está la localidad de Blaquier, donde se registró la mayor tragedia de este siglo, que tuvo un saldo de seis víctimas fatales por un problema que podría haber resuelto fácilmente con el uso de máscaras. 

Todo empezó cuando un trabajador contratado por la municipalidad, Ricardo Bottega, avisó a las autoridades locales que iba a monitorear una cámara séptica comunitaria ubicada a 12 metros de profundidad. "Van a tener que llamar a la funeraria", lanzó en tono de advertencia. Es conocido el peligro que conlleva ese tipo de tareas, ya que los gases que emanan producen la muerte de cualquier humano, salvo que use máscaras protectoras, que en este caso nunca fueron suministradas, al parecer, a la víctima. 

Para colmo, luego de que Botero descendió a la cámara, y tras morir al instante, un vecino comenzó a gritarle. Al ver que no respondía, también bajó a buscarlo. Murió. Así continuó la tragedia hasta que el número de decesos alcanzó a los seis, entre los cuales hay un padre y un hijo. Solo dos voluntarios sobrevivieron

En el marco de la investigación, Info Blanco Sobre Negro entrevistó al abogado de Bottega, Adrián Ullua, que explicó: "Ricardo Bottega fue contratado por el Municipio para realizar el mantenimiento de un pozo para cloacas en Blaquier que tiene muchos años. Eso lo tiene que hacer una empresa grande. El municipio detalló que tenía que poner un director de obra pero nunca lo puso, y además Botera le avisó al delegado comunal que iba a bajar al pozo para que fuera, pero ese funcionario nunca fue".

"Había una relación de trabajo encubierta, es decir, precarizada. Era un contrato muy flojito. El trabajo se hizo para abaratar costos. Él tenía que reparar supuestamente una bomba que estaba dentro del pozo. Ya había estado durante el día trabajando, pero la última vez que bajó, cerca de las siete de la tarde, falleció de manera instantánea", detalló. 

Luego continuó con su relato: "Cuando llegó el delegado creyó  que Botera estaba caído en el piso. Hay una declaración de otro testigo, medio rara, que dijo que lo había escuchado hablar, pero después se confirmó que no. El resto de las víctimas fatales después se fueron muriendo a medida que entraban al pozo. Lo hacían sin herramientas ni protección". 

"Había poca salida de aire y el pozo, o la cámara, estaba oscuro. Se murieron los cinco intentando salvar al que estaba abajo. La diferencia de tiempo se tendrá que determinar en el juicio laboral", precisó el abogado. 

"Estos seis meses fueron buscando pruebas y testimonios hasta que llegó la etapa de cierre como investigación preliminar y me constituí como particular damnificado porque por lo que vi se puede decir que al menos hubo desidia. Los trabajadores no tenían seguro y tenían un contrato de locación de servicio común. Por eso es indudable que hay suficientes indicios como para poder llamar a indagatoria a la secretaria de Obras Públicas y al intendente para este miércoles alrededor de las 10 de la mañana. ", añadió Ullua

Además, dijo en referencia a los imputados: "Ellos van a decir que fue una falla humana y que el contrato los exime de responsabilidad". Y  expresó: "El delegado llegó cuando falleció el primero, pero hay cosas que faltan aclararse. Lo más probable es que si se realizó semejante investigación y se pidió una indagatoria es porque el fiscal quiere ir a juicio".

 "El intendente y la funcionaria dijeron que no tuvo acceso al expediente, y es mentira porque a poco tiempo de abrirse la abogada del municipio lo pidió. Además, presentaron escritura pública para hacerlo cuando no hace falta. Tuvieron que contratar a un estudio jurídico privado de los más caros de la zona", añadió.

"Hoy la familia de Bottega está pasando un muy mal momento y ni siquiera los llamaron. La esposa tiene 60 años, y sufre una situación económica muy complicada", concluyó el abogado.