lunes 04 de noviembre de 2024 - Edición Nº -2161

Información General | 21 oct 2024

Gobierno nacional

Derogaron el Registro de Abogados y Gestores habilitados para hacer trámites en ANSES

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.


El gobierno nacional derogó este lunes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Registro de Abogados y Gestores Administrativos habilitados para ejercer la representación de los titulares de derechos o sus causahabientes ante este organismo para tramitar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que había sido creado en el año 2014.

El Ejecutivo argumentó que el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal y administrativa, entre otras, hasta el 31 de diciembre de 2025 y dispuso "un programa general de desregulación de la economía a través de la eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, introduciendo de ese modo, como sustrato axiológico, un nuevo paradigma de libertad y desregulación".

Además, recordó que la Ley Bases, sancionada meses atrás por el Congreso de la Nación, "estableció diversos principios rectores tendientes a mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común".

"Entre las pautas generales introducidas por la ley mencionada se consagraron, además, principios fundamentales como la tutela administrativa efectiva, la confianza legítima, la buena fe, la juridicidad, la razonabilidad, la proporcionalidad, la transparencia, la simplificación administrativa y la buena administración", detalló el gobierno.

"Dichos mandatos rectores constituyen un precepto explícito para aquellos organismos sobre la base de la declaración de la emergencia en materia administrativa -entre otras- que La Ley de Bases dispone", agregó.

"De sus principios surgen inexorablemente los objetivos de mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común; reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal para disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas y asegurar el efectivo control interno de la Administración Pública nacional para garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas", mencionó el Ejecutivo.

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