La provincia de Buenos Aires decidió no adherir al nuevo blanqueo de capitales impulsado por el gobierno de Javier Milei, según fuentes bonaerenses.

Según le señaló el tributarista Sebastián Domínguez a Infobae, la decisión puede generar complicaciones para los contribuyentes que se acogieron al blanqueo a nivel nacional, ya que “ARBA podría intentar aplicar el impuesto a los Ingresos Brutos sobre los montos exteriorizados”.

"En el caso de personas jurídicas, el fisco bonaerense podría argumentar que el dinero declarado corresponde a ingresos omitidos y aplicar Ingresos Brutos sobre esos activos, lo que podría tener un costo muy alto dependiendo de la actividad del contribuyente. Las alícuotas pueden variar entre 2,5 y 5 por ciento, o incluso más, según la actividad que realice”, explicó el especialista.

Por otro lado, Domínguez añadió que en el caso de los contribuyentes que operan en más de una jurisdicción bajo el Convenio Multilateral el organismo recaudador bonaerense solo podría gravar la porción de la base imponible correspondiente a la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con las reglas del convenio, mientras que si es una empresa que opera exclusivamente en Buenos Aires podría verse obligada a tributar sobre el total de lo blanqueado.

Para las personas físicas, Domínguez indicó que la situación dependerá de las justificaciones que presente el contribuyente. “Si una persona exterioriza dinero que proviene, por ejemplo, de una herencia y puede demostrar que los fondos provienen de inversiones en el exterior, podría argumentar que esos ingresos no están sujetos a Ingresos Brutos. No obstante, ARBA podría intentar un ajuste y, en ese caso, el contribuyente tendría que defenderse”.

Finalmente, Domínguez advirtió que la falta de adhesión de Buenos Aires podría desincentivar a las empresas que aún consideraban participar en el blanqueo.

“Muchas empresas se mostraron reticentes a blanquear por el riesgo de que se les apliquen impuestos adicionales. Ahora, los contribuyentes que regularizaron activos podrían enfrentarse a ajustes inesperados, con intereses y multas”, señaló el especialista. Sobre la posible judicialización en esos casos, remarcó que “habrá que ver cada caso particular, cuánto es el dinero, el ajuste, la discusión, quién quiere asumir el riesgo de discutir, los argumentos, si puede sostener que no es algo gravado por Ingresos Brutos”.

Según datos del gobierno nacional, el régimen ya permitió la regularización de unos 19.000 millones de dólares durante su primera etapa, con más de 300.000 cuentas CERA abiertas. La segunda fase del blanqueo, que impone una alícuota del 10 por ciento sobre montos superiores a 100.000 millones de dólares, estará vigente hasta el 7 de febrero de 2025.