La línea 102 es una vía telefónica gratuita de orientación, asesoramiento, contención y promoción para niños, niñas y adolescentes con el fin de atender situaciones de vulneración de derechos, tanto a nivel provincial como local.

Se trata de un servicio confidencial de atención especializada al que pueden acudir niñeces y adolescencias que vean amenazados sus derechos o que se encuentren en una situación de maltrato.

La herramienta está operada por equipos especializados que dependen del Organismo de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires.

La misma articula acciones, así como el tratamiento de las situaciones de emergencia, con la guardia de la Dirección de Servicios Locales de la Dirección General de Políticas de Niñez y Adolescencia que funciona en la órbita de la Subsecretaría de Protección y Promoción de Derechos de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de La Plata.

 Ley Nacional 26.061

La norma establece que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a:

• Dignidad como sujetos de derechos 

• No ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio, explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual 

• Integridad física, sexual, psíquica y moral 
• Vida privada e intimidad familiar 
• Identidad, incluyendo nombre, nacionalidad, lengua de origen, y conocimiento de sus padres 

 Ley Provincial 13.298

Tiene por objeto la promoción y protección integral de los derechos de los niños, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos y garantías reconocidos en el ordenamiento legal vigente, y demás Leyes que en su consecuencia se dicten.

- La garantía de prioridad a cargo del Estado comprende:

Protección y auxilio a la familia y comunidad de origen en el ejercicio de los deberes y derechos con relación a los niños.

Asignación privilegiada de recursos públicos en las áreas relacionadas con la promoción y protección de la niñez.

Preferencia en la formulación y ejecución de las políticas sociales públicas.

Preferencia de atención en los servicios esenciales.

Promoción de la formación de redes sociales que contribuyan a optimizar los recursos existentes.

Prevalencia en la exigibilidad de su protección jurídica, cuando sus derechos colisionen con intereses de los mayores de edad, o de las personas públicas o privadas.