El próximo viernes 29 de noviembre tendrá lugar en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) una jornada titulada “Hacia una ley para la seguridad y soberanía alimentaria”.

La actividad, que será organizada por la Multisectorial, se llevará a cabo desde las 17 horas en el auditorio -203 del segundo subsuelo del edificio Sergio Karakachoff.

Si bien existe legislación y políticas públicas orientadas a garantizar el derecho humano a la alimentación, los organizadores del evento aseguran que "resultan insuficientes, están fragmentadas y han sido abandonadas por el actual gobierno nacional".

Por ese motivo, diferentes espacios se nuclearon para discutir propuestas de ley que aborden integralmente la emergencia "que permita potenciar la producción de las diferentes regiones y el acceso a alimentos con la menor cantidad de intermediarios".

Entre las propuestas está la creación de un Fondo destinado a garantizar la seguridad alimentaria de todas las franjas etarias, "promoviendo programas específicos para las diferentes necesidades, así como el acceso a alimentos producidos en cada región y reconociendo a los espacios comunitarios (comedores, clubes, iglesias, etc.)".

La mirada de las diferentes propuestas propondrá articular políticas de:

– Producción: huertas familiares y comunitarias, intercambio de semillas, producción agroecológica, ferias de cercanía y ferias francas, nodos de distribución que bajen los costos de logística, protección de cordones productivos periurbanos, arrendamiento accesible de tierras para la agricultura familiar, entre otros aspectos.

– Distribución: de fondos a la Asignación Universal combinada con prestaciones alimentarias, refuerzo a los comedores escolares de primaria y secundarias en sus diferentes modalidades de prestaciones de jornada simple, completa y hogares, la asistencia a comedores comunitarios, los programas focalizados para celíacos, pueblos originarios y las capacitaciones necesarias en materia de salud de nutrición que deben acompañar estos programas.

– Regulación: de circuitos de comercialización para abaratar costos de transporte y logística, precios cuidados/convenientes, de importaciones cuando se pueden producir localmente alimentos, reducción de IVA, impuestos a bebidas azucaradas, entre otras instancias.

– Regionalización federal, para definir la seguridad alimentaria acorde a las producciones locales y las culturas alimentarias regionales.

– El control sobre la ejecución de los programas, para exigir el cumplimiento de la planificación anual y/o plurianual de cada uno, con sus respectivos objetivos, metas, modalidad de implementación de cada programa y procedimientos de administración financiera y rendición de cuentas. De este modo se busca asegurar la previsibilidad en el financiamiento de las prestaciones alimentarias en todas sus modalidades, con base en criterios de economía, eficiencia, y eficacia para garantizar la continuidad de las mismas, y prevenir eventuales contratiempos en su ejecución.