La Justicia penal de La Plata realizó este viernes 14 allanamientos en el marco de la causa judicial que investiga la presencia de empleados comunales "ñoquis" en la Municipalidad, en tiempos de Julio Garro.

Entre los afectados están el ex secretario de Coordinación Municipal Oscar Negrelli, Moira Jazmín Valdez, Julio César Brischetto, Darío Musto, Romina Paola Villegas, Ricardo Jalet, Néstor Pulichino, Mariano Baruki Pérez Aramburu, Martina Aylen Amancay Valdata, Lorena Mabel Valdata, Sergio Daniel Lucero, Christian Osvaldo Rigau y Facundo Pérez.

Los operativos fueron ordenados por el titular del Juzgado de Garantías N° 6, Agustín Crispo, por pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta. La causa, iniciada a partir de una denuncia presentada por el intendente Julio Alak en febrero de 2024, se centra en la detección de empleados municipales que habrían cobrado salarios sin prestar servicios efectivos, conocidos popularmente como “ñoquis”.

La pesquisa reveló una red de contrataciones irregulares que superó las 12000 designaciones en la planta municipal, muchas de las cuales estarían vinculadas a maniobras políticas. 

Los allanamientos, ejecutados con la colaboración del Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina, se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad, incluyendo los barrios de City Bell, Villa Elvira, Gonnet, Melchor Romero, Tolosa y el casco histórico. 

“Estamos ante un caso de presunta defraudación al erario público que no solo afecta las arcas municipales, sino también la confianza de los platenses en sus instituciones”, declaró el fiscal.

Luego de los allanamientos, la Justicia continuará analizando la evidencia recolectada con el objetivo de determinar si los imputados enfrentarán cargos formales por delitos como administración fraudulenta, malversación de fondos o asociación ilícita.

¿Cuáles fueron las irregularidades encontradas?

Los equipos técnicos de la actual gestión hallaron no solo personas que cobraban sin presentarse a trabajar, sino que hay casos de una persona fallecida que figuraba como actual contratado, por lo que alguien percibía su sueldo ilegalmente.

Asimismo, se determinó que incluso recibían su remuneración personas que estaban detenidas y cumpliendo condenas por participar en severas causas penales. Entre las mismas se encuentran homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras.

Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.

También se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente. 

Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.