Mediante una ordenanza aprobada el 12 de junio del año pasado, se creó en Bahía Blanca un “Plan de Resiliencia en Telecomunicaciones” para garantizar el funcionamiento continuo y autónomo de los servicios de telefonía fija, móvil e internet antes catástrofes naturales, emergencias climáticas u otras situaciones extraordinarias.
La norma , aprobada tras los trágicos temporales e inundaciones que azotaron a esa región en 2023 y 2025, obliga a las empresas del sector a contar con grupos electrógenos, antenas portátiles y sistemas de respaldo para que la ciudad no quede incomunicada cuando más lo necesita. Pero llamativamente la firma Personal presentó un recurso de amparo para eludir esa inversión, y le dio la espalda no solo a esa comunidad, sino que intenta evitar que el ejemplo se repita en otros distritos para no hacer la inversión que le demandaría.
El autor de la iniciativa que ahora resite la poderosa empresa de telefonía móvil, es el jefe de bloque de Concejales de La Libertad Avanza, Carlos Alonso, que calificó la actitud de la compañía como un "golpe bajo" a la ciudadanía.
"Es bastante raro lo que ha pasado: la lectura simple de esta presentación judicial es que la empresa, básicamente, no quiere prestar el servicio en los momentos críticos", afirmó Alonso.
Y añadió: "Me quedó grabada la foto de un vecino en General Cerri que estaba en el techo asustado, como tantos otros. Qué fácil hubiera sido para el, si la empresa garantizara el servicio, mandar un mensaje para avisar que estaba a salvo y transmitirle tranquilidad a su familia. Pero en Bahía Blanca, cuando hay una catástrofe, el servicio de telefonía deja de existir".
El concejal fundamentó la ordenanza en modelos internacionales de éxito como los de Chile, Estados Unidos, Canadá y Australia.
La normativa en disputa, aprobada tras los trágicos temporales e inundaciones que azotaron a esa región en 2023 y 2025, obliga a las empresas del sector a contar con grupos electrógenos, antenas portátiles y sistemas de respaldo para que la ciudad no quede incomunicada cuando más lo necesita.
"Sorprende ingratamente que una empresa que lucra con el servicio en Bahía Blanca diga 'no quiero garantizarle el servicio a los bahienses' después de todas las catástrofes que pasamos. El Estado no debe asfixiar a las empresas, pero las empresas deben cumplir con su responsabilidad básica: que el servicio funcione y máxime cuando la vida de la gente está en juego", concluyó Alonso.
