La diputada provincial Julieta Quintero Chasman (Pro) presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires donde solicita datos precisos sobre deudas, pagos y controles en el sistema de transporte público, en el marco de la reducción de frecuencias que dispusieron las cámaras empresarias del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y La Plata por el aumento del gasoil debido a la guerra en Israel y Estados Unidos contra Irán.

El proyecto pide al Ministerio de Transporte que detalle el monto total adeudado a las empresas prestatarias, así como también las líneas afectadas, los períodos impagos y los criterios utilizados para distribuir los fondos públicos.

Según Quintero Chasman, la presentación surge en un contexto de "creciente conflictividad" en el servicio de transporte público automotor de pasajeros en el AMBA y La Plata, donde se registraron reducciones en la frecuencia de colectivos.

La diputada señaló que "las empresas atribuyeron esta situación a atrasos en el pago de subsidios y a la falta de actualización de los costos operativos, lo que impactó de manera directa en la calidad del servicio".

Frente a esta situación, la legisladora destacó la necesidad "de contar con información detallada, actualizada y verificable para evaluar el funcionamiento del esquema vigente y su impacto en millones de usuarios" y puso el foco en la falta de datos públicos "claros" respecto de los montos adeudados, las compañías alcanzadas y los mecanismos de auditoría implementados sobre los recursos estatales.

El texto también señala que esta opacidad “limita el ejercicio de las funciones de control” del Poder Legislativo y dificulta que la ciudadanía conozca el destino de fondos de significativa magnitud y alerta sobre posibles escenarios de discrecionalidad e inequidades entre las empresas prestatarias, lo que podría derivar en diferencias en la calidad del servicio según la zona o la línea.

Por último, otro de los puntos centrales del pedido apunta a la fragilidad del sistema, "ya que las tensiones financieras entre el Estado y las empresas terminan trasladándose a los pasajeros", según Quintero. En los fundamentos se destaca que la eventual reducción de frecuencias afecta el derecho a la movilidad, generando mayores tiempos de espera, incertidumbre y un deterioro general del servicio.