Tras las amenazas de tiroteos registradas en al menos 12 escuelas del país en las últimas semanas, la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires enviaron entre el viernes y el sábado de la semana pasada un protocolo específico a los establecimientos, con pautas detalladas de intervención. 

El documento establece que, ante la detección de amenazas o mensajes que refieran a posibles ataques o presencia de armas, las instituciones
deben actuar con “celeridad”, priorizando el resguardo de la vida y la integridad física y emocional de la comunidad educativa.

En esos casos, se fija una cadena de comunicación inmediata: el personal debe informar al equipo directivo, que a su vez dará aviso a los inspectores de enseñanza y a las autoridades distritales y regionales. Por su parte, la dirección del establecimiento deberá radicar la denuncia ante la fiscalía o dependencia judicial correspondiente para dar inicio a una investigación.

El protocolo también señala que, en una primera instancia, se debe evitar la identificación de estudiantes involucrados, a fin de resguardar sus
derechos durante el proceso. Esta pauta aplica tanto para amenazas escritas en carteles o paredes como para mensajes difundidos en
entornos digitales.

¿Cómo actuar ante la presencia de un arma?

El instructivo incluye un apartado específico para situaciones en las que un estudiante exhiba un arma dentro del establecimiento. En primer
lugar, indica que siempre debe considerarse como si estuviera cargada.

Entre las recomendaciones, se destaca la necesidad de mantener la calma, intentar establecer un diálogo con el estudiante y dar aviso inmediato al 911. También se sugiere procurar que el arma sea dejada en una superficie segura. En caso de tratarse de un arma de fuego, se indica pedirle que retire el dedo del gatillo, siempre que la situación lo permita.

El protocolo advierte que ninguna otra persona debe manipular el arma. Asimismo, se deberá designar a un adulto responsable para resguardar el aula e impedir el ingreso de terceros, hasta la llegada de las fuerzas de seguridad, que serán las encargadas de retirar el arma del lugar.  Una vez controlada la situación, el estudiante deberá quedar a disposición de la Justicia, con intervención de su familia.

Intervenciones posteriores

Una vez superada la emergencia, el documento establece que las instituciones deben implementar intervenciones socioeducativas
integrales para abordar lo ocurrido.

Esto incluye espacios de trabajo con estudiantes, acompañamiento a las familias, revisión de los procedimientos aplicados y el fortalecimiento de los acuerdos de convivencia y el uso responsable de entornos digitales.

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