Opinión | 23 abr 2026
Fallo judicial
"Volver al Trabajo" no es un plan: es salario y hay que recomponerlo
La autora es dirigente social de San Fernando.
Por: Romina Selzer
La reciente decisión de la Justicia que obliga al gobierno nacional de Javier Milei a restituir en un plazo de tres días el ingreso del programa Volver al Trabajo no es sólo un fallo judicial más. Es, sobre todo, un límite claro a una lógica de ajuste que pretendía avanzar sobre los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que todos los días sostienen tareas productivas y comunitarias en cada uno de sus barrios y ciudades.
Durante meses advertimos que reemplazar este programa por esquemas de capacitación sin ingreso era un retroceso. Además, vuelve a aparecer esa idea -tan repetida por distintas derechas- de ofrecer la “capacitación” como una solución mágica al problema del trabajo, mientras se vacía de contenido real cualquier política de ingresos.
No se puede hablar de formación si, al mismo tiempo, se les quita a más de 900 mil trabajadores y trabajadoras de la economía popular el único ingreso fijo que les permite sostener demandas concretas de la vida cotidiana.
Quienes forman parte de “Volver al Trabajo” no están al margen del sistema: producen, cuidan, sostienen comedores, emprenden y generan valor todos los días en nuestros barrios.
Si hablamos de sectores que producen, las cooperativas de trabajo son un ejemplo claro: crecen y se multiplican justamente en contextos de retroceso económico como el que estamos atravesando. En ese marco, el ingreso actual de $78.000 no es un “beneficio”, sino un acompañamiento mínimo a estos sectores productivos, que aun así deben ajustar cada vez más sus propios ingresos para sostenerse.
Lo mismo ocurre con las trabajadoras comunitarias, que nunca dejaron de cumplir ese rol en sus barrios: este ingreso representa un reconocimiento básico a su trabajo. Y aun así, es un monto que no tuvo recomposición y que quedó completamente desfasado frente a la devaluación y la inflación. Apenas alcanza para complementar gastos familiares en un contexto económico cada vez más crítico.
En este escenario, la quita de estos ingresos que se vuelcan directamente en consumos de cercanía, no sólo afecta a las familias, sino que golpea a las economías locales y aumenta la presión sobre los municipios, que son el primer nivel de respuesta frente a la emergencia social y quienes deben abordar, de manera directa, la realidad emergente de cada barrio.
Por eso este fallo es importante, pero no alcanza. Es necesario garantizar su cumplimiento efectivo y, al mismo tiempo, avanzar en una recomposición urgente del ingreso. Defender el trabajo también implica defender condiciones dignas.
En San Fernando vemos todos los días el esfuerzo de miles de vecinos y vecinas que salen adelante con organización y trabajo comunitario. No necesitan discursos que los estigmaticen ni políticas que los empujen a trabajar gratis. Necesitan un Estado que acompañe, que reconozca y que genere oportunidades reales.
No es un plan, es salario. Y el salario no se quita: se defiende y se mejora.
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