La presidenta del Bloque de Concejales de Fuerza Patria, Josefina Bolis, presentó en el Concejo Deliberante de La Plata una iniciativa que propone declarar "la profunda preocupación del cuerpo" por un proyecto del giobierno de Javier Milei que comenzó a debatirse en el Senado de la Nación.

La propuesta parlamentaria del Gobierno es conocida como “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, y fue ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Según la concejala, el avance de esa política “vulnera de forma directa la soberanía nacional al desmantelar la protección de las tierras rurales frente a la extranjerización, debilita las facultades del Estado en materia de expropiaciones por utilidad pública, y pone en riesgo la preservación de nuestros ecosistemas y los procesos de integración socio-urbana de los barrios populares”.

En lo que refiere a las zonas rurales, el proyecto de ley busca derogar los límites existentes para la compra de tierras por parte de extranjeros. En su texto establece la eliminación del límite del 15% a la titularidad extranjera y del tope de 1.000 hectáreas por propietario.

Además, el proyecto presentado en el Concejo Deliberante  señala que la iniciativa del oficialismo "permitiría que corporaciones transnacionales acaparen bienes comunes estratégicos, sometiendo al suelo argentino a las lógicas del mercado global en lugar del interés nacional".

Bolis también advirtió sobre las posibles consecuencias en materia ambiental, y señaló que "la reforma de la Ley de Manejo del Fuego eliminaría las prohibiciones de realizar desarrollos inmobiliarios en tierras incendiadas, vigentes actualmente por plazos de entre 30 y 60 años. Al excluir de esta protección a ecosistemas sensibles como humedales y bosques implantados, la iniciativa podría fomentar la provocación de incendios intencionales con fines especulativos, acelerando la deforestación y vulnerando tratados internacionales".

Además, en el proyecto de la titular de la bancada de Fuerza Patria se destaca que en caso de sancionarse la ley, "se le quitaría al Estado su capacidad de actuar en pos de la utilidad pública".

Por último, advierte que a elllo "se suma el riesgo para los sectores más vulnerables, a partir de la derogación de protecciones fundamentales como la emergencia sociourbana y la prohibición de desalojos en barrios populares".