El diputado provincial Christian Castillo (PTS - Frente de Izquierda) presentó un proyecto en la Legislatura para crear en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires una pensión graciable de carácter reparatorio, vitalicia y mensual para los afectados por la aplicación de fentanilo contaminado en establecimientos de salud públicos o privados ubicados en territorio bonaerense.
Según la propuesta, que será presentada este martes este martes a las 12 horas en el Anexo de la Legislatura, tendrán derecho al beneficio establecido por la presente ley:
a) las personas que hubieren sufrido daños graves, secuelas permanentes o un menoscabo relevante en su salud como consecuencia del suministro referido.
b) en caso de fallecimiento de la persona afectada, sus derechohabientes, en el siguiente orden de prelación:
- cónyuge supérstite o conviviente;
- hijos e hijas menores de edad al momento del fallecimiento y hasta la mayoría de edad;
- hijos e hijas con discapacidad o incapacidad para el trabajo, mientras subsista dicha situación;
- a falta de los anteriores, padre o madre que acrediten dependencia económica.
La procedencia del beneficio deberá acreditarse mediante historia clínica, constancias médicas, certificados de defunción, actuaciones judiciales o administrativas, informes de autoridad sanitaria, documentación emanada de establecimientos asistenciales, o cualquier otro medio probatorio idóneo que permita establecer, con criterio de razonable verosimilitud, la vinculación entre el daño invocado y el suministro del medicamento alcanzado por la presente ley.
Por su parte, el monto mensual de la pensión graciable será móvil y el equivalente al 100 por ciento del salario de bolsillo de una categoría ingresante (categoría 5) del agrupamiento administrativo de la ley 10.430 con régimen de 40 horas semanales, más la bonificación del 125 por ciento que perciben de manera permanente y habitual los trabajadores de la Administración Central, con arreglo a las variaciones que se produzcan en los conceptos salariales que determine la reglamentación.
Por último, se establece que el beneficio instituido por la presente ley será compatible con indemnizaciones judiciales, acuerdos transaccionales, coberturas de salud y prestaciones derivadas de seguros. Será incompatible únicamente con otra pensión graciable provincial otorgada por los mismos hechos y por la misma causa.
"La presente iniciativa se funda en la necesidad de dar una respuesta urgente y concreta frente a un crimen social de enorme magnitud, que produjo muertes evitables por responsabilidad estatal y empresarial, secuelas graves y un profundo daño social sobre pacientes y familias. Se trató de la producción, distribución y utilización en establecimientos de salud de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias altamente peligrosas, entre ellas Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, que fueron administradas a personas internadas por otras patologías, agravando su cuadro clínico y, en numerosos casos, precipitando su muerte", señaló, al respecto, Castillo.
"En lo que respecta a las responsabilidades, los hechos expuestos muestran una convergencia entre responsabilidad empresarial y responsabilidad estatal. Como responsables directos de la elaboración y circulación del producto contaminado aparecen HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo, y se identifica como figura central de esa estructura empresarial a Ariel García Furfaro, propietario de ambas firmas. La propia evolución de la causa judicial incluyó medidas sobre directivos, personal vinculado a esas empresas y otras firmas alcanzadas por la investigación", agregó el diputado.
"Frente a este cuadro, la Provincia de Buenos Aires tiene un deber concreto de reparación hacia quienes sufrieron daños graves o perdieron a sus seres queridos como consecuencia del suministro de fentanilo contaminado y/o adulterado. La pensión graciable reparatoria prevista en este proyecto procura dar una respuesta económica inmediata y sostenida", concluyó el legislador.