Con la consigna “De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad”, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires fue escenario este martes de una jornada de debate y reflexión encabezada por el diputado provincial Fabián Luayza (Nuevos Aires).

El encuentro, que reunió a legisladores, funcionarios provinciales, concejales y referentes de instituciones terapéuticas, sirvió como caja de resonancia para alertar sobre el impacto de las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

La actividad comenzó con la intervención de Juan, un joven que asiste al Centro Educativo Terapéutico Rukalen de Morón, quien habló sobre el trabajo diario en la institución y sus proyectos de vida.

A partir de este testimonio, Luayza apuntó directamente contra la administración central: "tenemos que poder decirle al Gobierno nacional y al Presidente Javier Milei que cuando se recortan políticas públicas vinculadas a discapacidad, se afecta directamente la vida de personas como Juan. Es importante ponerle rostro y nombre a lo que realmente ocurre. Por eso debemos defender y acompañar el enorme trabajo que realizan instituciones como Rukalen".

“Donde algunos ven gastos, nosotros vemos personas con necesidades y no los vamos a dejar solos, ni a ellos ni a sus familias”, aseguró el legislador de Berazategui.

Al respecto, Gustavo Cuervo, titular del bloque Nuevos Aires, señaló: "cuando hablamos de discapacidad hablamos de derechos. De inclusión, pero inclusión real. Y seguramente también de accesibilidad, de educación, de trabajo, de familia, de salud. Pero fundamentalmente cuando hablamos de discapacidad hablamos de dignidad. Por eso nos genera mucha preocupación el rol que está ocupando el gobierno nacional, corriéndose de su rol histórico de cuidado, que lleva a la provincia a mostrar otra línea de conducta y otro accionar”.

Por su parte, la licenciada Gabriela Fernández, titular de Rukalen, institución que asiste a 160 jóvenes desde hace 30 años, denunció el desfinanciamiento del sector y rechazó el proyecto de ley contra el fraude de pensiones por invalidez impulsado por el oficialismo nacional en el Congreso.

“Esta ley tiene como riesgo la eliminación de la pensión por apoyo social, que se da a quienes tienen un Certificado Único de Discapacidad, que demuestra cómo esa discapacidad le impacta funcionalmente a esa persona.  Además, esta ley apunta a la desregulación, o sea, sacarnos la ley 24.901, que de alguna manera nos da orden, nos protege, nos da garantías y, sobre todo, nos da alivio. Las familias no tienen que ir a pelearse con las obras sociales porque ya hay una ley, que me está diciendo que con un Certificado Único de Discapacidad voy a tener acceso a todos los beneficios y apoyo social que existe”, reclamó Fernández.

Desde la Provincia, el director de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad, Raúl Lucero, instó a cumplir estrictamente con la Convención Internacional de 2006.

“La discapacidad es el resultado de la interacción de una persona con una barrera. Si esta persona no cuenta con un apoyo no puede realizar su acción. El problema no está en la discapacidad, el problema está en la barrera. Las personas con discapacidad quieren ser tratadas como personas, esa es la barrera con la que se encuentran todos los días”, sostuvo el funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

Además de los mencionados, el encuentro contó con el respaldo de Viviana Romano, los concejales Ezequiel Luayza y Ruben Romano (Berazategui), Zunilda Benítez (Avellaneda) y los dirigentes territoriales Cristian "Chapu" Martínez (Morón), Omar Colombi (Florencio Varela), Mario y Federico Fuentes (Almirante Brown) y Mauricio González y Marianela López (Hurlingham).

Presentación de proyecto de ley

Durante el encuentro también fue presentado un proyecto de ley para modificar y actualizar la Ley Provincial 10.592, incorporando nuevas formas de accesibilidad que aún no están contempladas de manera suficiente.

La iniciativa incorpora la accesibilidad cognitiva, comunicacional y digital como parte de las obligaciones del Estado provincial, es decir que los organismos públicos deberán avanzar hacia formas de atención más comprensibles, humanas y accesibles: utilizando lenguaje claro, lectura fácil, apoyos visuales, pictogramas y herramientas de comunicación aumentativa y alternativa.

También promueve capacitaciones para los agentes públicos, mecanismos de acompañamiento y adecuaciones en la atención para respetar los tiempos de comprensión y expresión de cada persona.