Salto, mayo de 2026 — Tras el reciente Sobreseimiento Definitivo dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 4 de Encarnación a favor de los directivos de DyN Investment Group, los responsables del proyecto del Hub Logístico Multimodal del litoral uruguayo han hecho pública su versión sobre uno de los emprendimientos logísticos privados más ambiciosos planteados para la región en la última década, y las razones por las que no pudo concretarse.
Contrario a versiones que circularon en distintos momentos, el proyecto del Hub Logístico Multimodal no fue una licitación estatal ni una concesión de infraestructura pública. Se trató de una iniciativa privada, ideada y financiada íntegramente con capital del grupo inversor.
La empresa Hidroagro S.A. adquirió con fondos propios un predio de 500 hectáreas lindero a la represa de Salto Grande, con salida al arroyo Itapebí y al Río Uruguay, donde se proyectaba el componente portuario fluvial del proyecto. Por su parte, Plataforma de Servicios Salto SAS se presentó y resultó adjudicataria en un llamado a expresiones de interés de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) destinado a revitalizar áreas hasta entonces sin uso productivo, proponiendo la instalación de un Puerto Seco y un Free Shop como parte del proyecto privado más amplio.
El desarrollo del proyecto enfrentó dificultades en la obtención de las distintas autorizaciones requeridas para avanzar con las obras. Según los expedientes administrativos vinculados al caso, los permisos aduaneros tramitados ante el Ministerio de Economía y Finanzas (Expediente N° 2022-5-1-0104162) fueron observados en función de consideraciones técnicas vinculadas al Acuerdo de Recife. Mientras que las autorizaciones ambientales necesarias para intervenir en el álveo del río no llegaron a ser emitidas por las autoridades competentes durante el período en que se mantuvieron las gestiones.
A nivel binacional, el proyecto recibió observaciones a través de la Nota Externa DACARU N° 95/2022 de la delegación argentina ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), que solicitaba avances en la coordinación bilateral antes de continuar con determinadas etapas constructivas.
El grupo inversor sostiene haber realizado las inversiones técnicas previas que estaban a su cargo — estudios de viabilidad, proyectos ejecutivos, estudios de navegación y batimetría — pero que la falta de definiciones por parte de las autoridades competentes en aspectos críticos, como los puntos de balizamiento y la autorización de intervención del lecho del río, impidió pasar a la fase de obras.
En 2024, en un contexto marcado por el proceso penal abierto en Paraguay — que culminó este mes con el sobreseimiento definitivo de los directivos — la CTM rescindió el contrato vinculado al llamado de expresiones de interés. Desde el grupo inversor se sostiene que la rescisión respondió a factores ajenos al desempeño del proyecto en sí, y que las inversiones realizadas hasta ese momento se vieron afectadas por una decisión tomada en un contexto adverso.
A pesar de las dificultades del proyecto integral, una de sus piezas sí logró concretarse. El Depósito Aduanero Particular (DAP) de Salto, primer DAP al norte del Río Negro, fue construido con fondos privados y se encuentra operativo desde hace dos años, prestando servicios logísticos a empresas de la región. Es la demostración tangible de que, cuando las autorizaciones se obtuvieron, la inversión privada cumplió con lo proyectado.
El proyecto original planteaba aprovechar la ubicación estratégica del litoral uruguayo para conectar los flujos logísticos entre Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, con un componente de hidrovía sobre el Río Uruguay y conexión con el Ferrocarril Urquiza. La visión incluía dinamizar corredores como Artigas y Rivera, dar salida fluvial a los commodities de la región (granos, celulosa, madera, carne) e ingresar agro-insumos por una vía alternativa a la saturada logística carretera.
Más allá del cierre de este proyecto en particular, el grupo inversor considera que la región mantiene un potencial logístico significativo que eventualmente deberá ser desarrollado por algún actor público o privado.