El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió que las aperturas de concursos preventivos de acreedores se dispararon más de un 130 por ciento en el último año en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y pronosticó que este 2026 romperá el récord histórico alcanzado durante la pandemia de Covid-19.

Ante lo que calificó como una "crisis terminal", Rosato reclamó de forma urgente al Presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, una intervención inmediata.

Además, el dirigente exigió al Congreso de la Nación que ponga en tratamiento legislativo y apruebe "en lo inmediato" el proyecto de ley de emergencia económica para evitar un cierre acelerado y masivo de compañías.

"Habíamos alertado que este año íbamos a llegar con el cierre de más de mil PyMEs, pero el ritmo que vemos de la degradación de la economía local y las presentaciones de concursos preventivos de cierre nos demuestra que el daño al entramado productivo es mucho peor", afirmó Rosato, y señaló que estos datos corresponden solo a Capital Federal y que aún resta medir el impacto en el resto del país.

Los detalles técnicos y estadísticos del avance de la crisis fueron presentados por el presidente de IPA junto al titular del Departamento de Legales de la entidad, Germán Pizzano, quien alertó por el inminente colapso judicial y productivo del sector manufacturero.

Entre noviembre de 2023 y principios de 2026 cerraron 24.437 empresas. La situación provocó que 327.813 trabajadores perdieran la cobertura del sistema de riesgos del trabajo (ART).

La contracción productiva desencadenó un grave proceso de desinversión, reflejado en una pérdida neta de la Inversión Extranjera Directa (IED). El informe advierte que este saldo negativo es "histórico y sin precedentes", marcando la primera vez en 22 años que se registra un indicador de estas características.

Al respecto, Pizzano explicó que importantes firmas multinacionales abandonaron el país, mientras que las empresas locales sobrevivientes debieron alterar drásticamente su naturaleza. "Se adaptan con destreza darwiniana al modelo de dólar barato y apertura económica, reconvirtiéndose en importadores", detalló.
 

Tribunales saturados: la comparación con la pandemia

Citando datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, el informe de IPA puntualizó el crecimiento exponencial de las causas.

Durante 2025 se registró la apertura de 190 concursos preventivos contra 82 en el año 2023, es decir un incremento del 131,71 por ciento. La gravedad de la estadística radica en que la inercia destructiva empeoró sensiblemente en el arranque de este año.

En solo tres meses (febrero, marzo y abril de 2026) se abrieron 92 procesos concursales, una cifra que supera a los registrados durante los doce meses completos de los años 2021 a 2024 respecto de cada año. Esta situación convive con una capacidad ociosa del 40,2 por ciento.

"Más trágica resulta la pérdida de la fuente de trabajo, directa e indirecta, y la afectación negativa al micro y micro entorno de las empresas", aclaró Pizzano.
 

El reclamo de un "blindaje jurídico" de emergencia

Para evitar la quiebra definitiva de las compañías o la ejecución judicial de sus bienes, desde IPA plantearon una salida apoyada en el derecho de la emergencia. El objetivo es implementar un “remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las PyMEs puedan recuperar capital de trabajo".  

“Se encuentran en trámite varios proyectos de legislación de emergencia, a modo de una nueva versión de la Ley 25.563, tales como suspensión de ejecuciones hipotecarias y prendarias, extensión del período de exclusividad y facilitación al acceso a la solución preventiva", detalló la entidad.

"No se trata de modificaciones definitivas, profundas, necesarias y consensuadas del sistema concursal sino de un remedio paliativo y transitorio de emergencia, para que las pymes puedan recuperar capital de trabajo”, advirtió, de todas formas, IPA.