El subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunieron en las últimas horas para destrabar el conflicto presupuestario con las universidades, que exigen la ley de financiamiento universitario aprobada el año pasado por el Congreso de la Nación.

Según confirmaron fuentes de ambas partes a TN, la oferta gubernamental incluía los siguientes puntos:

• Recomposición salarial: Un aumento total del 24,3% para cubrir la pérdida del poder adquisitivo de parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje acumulado hasta mayo de 2026. Este incremento se abonaría en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

• Mesa técnica y paritarias: La creación de una comisión técnica para evaluar el período adeudado de 2024 y el compromiso de garantizar negociaciones paritarias cada tres meses.

• Becas y funcionamiento: Un incremento del 50% en las becas Manuel Belgrano y un 20% de suba para los gastos de funcionamiento de las casas de estudio.

• Hospitales universitarios: Un fondo adicional de 50 mil millones de pesos. En este sentido, las universidades aún esperan una convocatoria para definir el nuevo criterio de distribución de otra partida superior a los 79 mil millones de pesos, cuyo congelamiento previo había puesto en alerta la atención médica de los establecimientos.

El conflicto judicial: el punto de quiebre

A pesar de que las fuentes académicas calificaron la propuesta económica como "razonable", el diálogo se interrumpió de forma abrupta cuando el Ejecutivo supeditó el acuerdo a que las universidades desistieran de la demanda judicial que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, hoy en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación luego de dos apelaciones realizadas, en primera y segunda instancia, por parte del Gobierno. 

Dicha legislación obliga al cumplimiento de los aumentos salariales y de becas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto representa un impacto fiscal que ronda los 2,5 billones de pesos, una cifra que el Gobierno asegura que atentaría de manera directa contra el superávit fiscal.

Desde el sector de los rectores aseguraron que retirar la demanda es una situación inmodificable y que el recurso legal funciona como un resguardo que no piensan perder, argumentando además que no existe consenso interno para tomar esa decisión.

Por su parte, desde la Casa Rosada replicaron que las universidades se niegan a ceder en el ámbito judicial únicamente para no perder el apoyo de su comunidad, una rigidez que, según el Ejecutivo, arrastra a todo el sector hacia un conflicto sin solución aparente.