La izquierda oficialista está representada por la fórmula integrada por los ex jefes guerrilleros Salvador Sánchez Cerén y Oscar Ortiz, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): el primero es el vicepresidente del actual gobierno y el segundo, alcalde de la populosa ciudad de Santa Tecla.

La derechista y opositora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) estará representada por el actual alcalde de la capital San Salvador, Norman Quijano, y por el académico René Portillo Cuadra, de quien no se conoce mucha trayectoria.Quijano tiene carrera política desde la administración pública municipal y en el Parlamento como diputado.

La segunda ronda es necesaria porque ninguno de los dos candidatos obtuvo más del 50 por ciento de los sufragios, necesarios para que se proclamara un ganador en la primera vuelta, el último 2 de febrero, cuando el FMLN obtuvo el 48,95 por ciento y ARENA el 39,95 por ciento.

En esta ocasión, están convocados más de 4,9 millones de salvadoreños para asistir a 1.593 centros de votación distribuidos en todo el país, reportó la agencia DPA.

La rivalidad entre el FMLN y ARENA data desde los años de la guerra civil, cuando estaban activos los escuadrones de la muerte, creados por el ya fallecido militar Roberto D`Aubuisson Arrieta, quien también fundó ARENA; años en los que el FMLN golpeaba con sus clandestinos comandos urbanos, por medio de atentados, sabotajes y secuestro contra los “sostenedores de la dictadura militar”.

Tras la finalización de la guerra civil con un pacto firmado en 1992 entre el entonces presidente Alfredo Cristiani (primer mandatario arenero) y la comandancia del FMLN, se han enfrentado en cuatro comicios presidenciales, los tres primeros ganados por ARENA.

El favorito para triunfar es el FMLN, que según las últimas encuestas está arriba de ARENA con un promedio de 14 puntos porcentuales.

Durante la presente campaña política, se pudo evidenciar el enfrentamiento de dos programas opuestos.

El FMLN con un modelo más social y en beneficio de sectores tradicionalmente excluidos y marginados como los campesinos pobres, los ancianos, las mujeres y los menores de edad, que en el actual gobierno fueron objeto de programas como el de agricultura familiar, pensiones básicas y paquetes escolares (vaso de leche, uniforme, útiles y zapatos).

ARENA, por su parte, defiende el modelo neoliberal, en el que el Estado sólo regula al mercado, encargado del desarrollo y de la prosperidad.

ARENA inició la campaña proselitista asegurando que los programas sociales eran un “despilfarro” de los recursos nacionales, pero después del fracaso en la primera vuelta electoral cambió radicalmente su tono y ahora promete no sólo sostener los programas sociales del actual gobierno, sino incrementarlos.

El próximo presidente enfrentará difíciles desafíos: gobernabilidad, desarrollo económico y seguridad pública.

Respecto a la gobernabilidad, varios sectores políticos, empresariales y sociales independientes han llamado a los contendientes a la firma o al establecimiento de un pacto o plan nacional para suprimir la polarización y confrontación en la que ha estado envuelto el país desde hace dos años a causa de la campaña presidencial.

Los candidatos se mostraron dispuestos, pero no ha habido firma de compromisos antes de las elecciones.

En economía, lo que se exige es desmontar la confrontación empresarios-gobierno para hacer factible la inversión, tanto nacional como extranjera.

Y también establecer un pacto fiscal y reimpulsar un plan para el desarrollo de la producción local en la agricultura y la industria, así como el desarrollo de la pequeña y mediana empresa para generar empleo, estimular la productividad y procurar bienestar social.

En cuanto a seguridad pública, el nuevo gobierno tendrá el reto de continuar con los planes de erradicación de la violencia de las pandillas, el combate frontal contra el crimen organizado y la corrupción.

Esta amalgama de delitos hacen de El Salvador uno de los países más violentos de Latinoamérica y la crítica principal que llega de informes internacionales como los del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es que no existen políticas públicas nacionales e integrales orientadas a la prevención de la violencia y a la reinserción de los menores de edad en zonas de elevada delincuencia.