El Gobierno nacional y los gremios de las universidades públicas quedaron cerca de sellar un acuerdo salarial clave, que podría destrabar y el duro conflicto presupuestario que mantiene en vilo a la comunidad educativa.

La propuesta oficial contempla un ajuste salarial del 24,33% distribuido en dos etapas y desde la administración naional esperan que de no haber rechazo de las asambleas de base, el arrreglo quede formalizado en las próximas horas.

Según los términos técnicos del ofrecimiento del Ejecutivo, la estructura del incremento se desglosa de la siguiente manera: primero, un aumento del 21,33% sobre los haberes de mayo, a aplicarse de forma directa en los salarios de junio. Ese porcentaje se incorporaría , además,  al cálculo del medio aguinaldo de este mes,  e impactará sobre la Garantía Salarial Docente.

También podría acordarse, si se firma la tregua, una suba adicional del 3% en octubre, calculada sobre los salarios de septiembre y a percibirse con las liquidaciones de noviembre.

Además, la oferta oficial incluye otros compromisos presupuestarios demandados gremios, estudiantes y autoridades: un incremento del 50% en los montos de las becas Manuel Belgrano —destinadas a alumnos de carreras catalogadas como estratégicas— y una partida extraordinaria de $50.000 millones para el financiamiento de los hospitales universitarios.

Aunque  la propuesta fue recibida de manera positiva por los rectores en el marco de una reunión informal, la aprobación final estará a cergo de las organizaciones gremiales.

Info Blanco Sobre Negro intentó dialogar con dirigentes del sector, pero en este marco de negociaciones contrarreloj, los voceros principales estaban reunidos en reuniones y/o asambleas. Se espera que en las próximas horas se defina si hay o no hay acuerdo.

La aceptación es la clave para desactivar el paro nacional de una semana completa que los gremios ya tienen votado para realizar desde el próximo martes 16 hasta el sábado 20 de junio.

Desde el sector sindical destacaron que la oferta del Gobierno "es el resultado directo de la movilización y la presión ejercida por toda la comunidad universitaria".

Sin embargo, relativizaron el optimismo de la gestión encabezada por Javier Milei al recordar que el 24,3% total ofertado resulta "insuficiente" para subsanar el desfasaje real, ya que estiman en 45 puntos la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes desde la asunción del  gobierno libertario.

Por es, el preacuerdo fija el compromiso de volver a convocar a la paritaria en un plazo máximo de tres meses para revisar la evolución de los salarios frente a la inflación, y establece que los llamados a negociación no podrán superar los tres meses calendario entre sí.

El frente judicial sigue abierto

Un objetivo político medular de la Casa Rosada en esta negociación era condicionar el aumento a cambio de que el sector universitario retire la demanda judicial que pesa en la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, el Gobierno nacional no logró imponer esa cláusula.

Dicha norma jurídica, aprobada por el Congreso, nunca fue ejecutada por el Ejecutivo con el argumento de que el Poder Legislativo no estableció de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento. Ante ello, la comunidad universitaria recurrió a la Justicia, y obtuvo una medida cautelar favorable ratificada en dos instancias.

Actualmente, esa cautelar está en suspenso debido a un recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional mientras el Máximo Tribunal analiza la cuestión de fondo.

De esa manera, aunque la firma del acta salarial resuelva las tensiones de corto plazo, el conflicto estructural por la recomposición histórica desde 2024 continuará discutiéndose en los despachos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.