La Asamblea General de afiliados y afiliadas de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) se expresó a favor de aceptar la propuesta salarial que le realizó el Gobierno nacional al sector.

La propuesta oficial contempla un ajuste salarial del 24,33% en dos etapas y desde la administración nacional esperan que de no haber rechazo de las asambleas de base quede formalizado en las próximas horas.

Según los términos técnicos del ofrecimiento del Ejecutivo, la estructura del incremento se desglosa de la siguiente manera: primero, un aumento del 21,33% sobre los haberes de mayo, a aplicarse de forma directa en los salarios de junio. Ese porcentaje se incorporaría , además,  al cálculo del medio aguinaldo de este mes,  e impactará sobre la Garantía Salarial Docente.

También habrá, si se firma la tregua, una suba adicional del 3% en octubre, calculada sobre los salarios de septiembre y a percibirse con las liquidaciones de noviembre.

Además, la oferta oficial incluye otros compromisos presupuestarios demandados gremios, estudiantes y autoridades: un incremento del 50% en los montos de las becas Manuel Belgrano —destinadas a alumnos de carreras catalogadas como estratégicas— y una partida extraordinaria de $50.000 millones para el financiamiento de los hospitales universitarios. El compromiso oficial incluye la reapertura de la paritaria en tres meses para darle continuidad a la recomposición.

La postura de ADULP será llevada al Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la CONADU el día miércoles, donde se acordará la posición de la Federación. La aceptación es la clave para desactivar el paro nacional de una semana completa que los gremios ya tienen votado para realizar desde el próximo martes 16 hasta el sábado 20 de junio.

El frente judicial sigue abierto

Un objetivo político medular de la Casa Rosada en esta negociación era condicionar el aumento a cambio de que el sector universitario retire la demanda judicial que pesa en la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario. No obstante, el Gobierno nacional no logró imponer esa cláusula.

Dicha norma jurídica, aprobada por el Congreso, nunca fue ejecutada por el Ejecutivo con el argumento de que el Poder Legislativo no estableció de manera explícita las fuentes de financiamiento necesarias para su cumplimiento. Ante ello, la comunidad universitaria recurrió a la Justicia, y obtuvo una medida cautelar favorable ratificada en dos instancias.

Actualmente, esa cautelar está en suspenso debido a un recurso extraordinario interpuesto por el Estado nacional mientras el Máximo Tribunal analiza la cuestión de fondo.

De esa manera, aunque la firma del acta salarial resuelva las tensiones de corto plazo, el conflicto estructural por la recomposición histórica desde 2024 continuará discutiéndose en los despachos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.