Un impactante caso de trata de personas y explotación laboral conmociona al ámbito judicial. El juez federal Julián Ercolini, tras una investigación impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, dictó el procesamiento con prisión preventiva para tres personas acusadas de someter a un hombre de 84 años a condiciones inhumanas de habitabilidad, higiene y salubridad en una vivienda del barrio porteño de Mataderos.

Los imputados no solo forzaban al jubilado a pedir dinero en una esquina de la zona, sino que además le manejaban y "administraban" sus haberes previsionales.

En una dura resolución, el magistrado remarcó que los acusados actuaron con la víctima como si fuera un mero objeto de uso, evaluando su rendimiento de manera similar a los demás bienes de la vivienda y quitándole por completo su libertad.

Los procesados son una pareja compuesta por un hombre de 64 años y una mujer de 39, junto a un tercer implicado de 65 años.

Todos fueron considerados responsables del delito de trata de personas, agravado por el abuso de la vulnerabilidad de la víctima, su avanzada edad, la participación de tres personas y la consumación de la explotación. Además de la prisión preventiva, la Justicia les dictó un embargo de 20 millones de pesos a cada uno y el embargo preventivo del inmueble.

Una denuncia anónima

La trama comenzó a salir a la luz en marzo de este año, luego de que la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) recibiera un llamado anónimo a la línea 145 que alertaba sobre una posible reducción a la servidumbre. El caso quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, que ordenó tareas de observación encubiertas al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina.

Los efectivos policiales lograron constatar que el damnificado residía en una propiedad de la calle Tapalqué, perteneciente a uno de los involucrados, donde también convivía la pareja acusada y el tercer imputado, quien alquilaba una habitación en el lugar.

Las tareas de campo demostraron una rutina macabra: el anciano era enviado diariamente a la esquina de Murguiondo y Tapalqué a pedir dinero. Tras varias horas a la intemperie, los dos hombres procesados lo interceptaban tanto a la mañana como a la tarde para quitarle toda la recaudación.

El allanamiento 

Con las pruebas recolectadas, el pasado 18 de mayo se procedió al allanamiento de la vivienda. Al ingresar a una de las habitaciones, el panorama fue desolador.

El hombre de 84 años se encontraba en condiciones deplorables, rodeado de residuos, excremento y orina. En el procedimiento, los agentes detectaron que uno de los investigados tenía en su poder el Documento Nacional de Identidad y la tarjeta de débito de la víctima.

A pesar de que el jubilado manifestó en la entrevista inicial que se sentía bien y que recibía un buen trato, el juzgado advirtió que su testimonio debía evaluarse dentro de un contexto de extrema vulnerabilidad, caracterizado por su salud deteriorada, precariedad económica, aislamiento social absoluto y la falta de una red de contención familiar.

El juez Ercolini argumentó que en este tipo de dinámicas delictivas, la falta de percepción de sometimiento por parte de la víctima suele ser una manifestación característica del abuso, ya que la persona naturaliza el maltrato, delega decisiones esenciales y confunde la explotación con supuestos actos de asistencia. Para el magistrado, los elementos recolectados de los testimonios de vecinos, los videos y los informes técnicos confirmaron un esquema de aprovechamiento económico donde se redujo la dignidad del anciano a la de una simple mercancía.

Finalmente, la Justicia justificó la prisión preventiva basándose en el riesgo inminente de que los acusados, al compartir el mismo espacio habitacional con la víctima, pudieran amedrentarla o entorpecer el proceso judicial, concluyendo que el Estado debe asumir un rol estrictamente proteccionista para salvaguardar la integridad física y psicológica del damnificado.

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— infoblancosobrenegro (@infoblancosobre) June 15, 2026