Por: Pablo Nicoletti

Durante décadas, la política se ordenó alrededor de ejes conocidos: Estado o mercado, izquierda o derecha, más regulación o más libertad económica. Pero la revolución tecnológica alteró ese mapa. Hoy la pregunta central no es cuánto Estado o cuánto mercado necesitamos, sino quién ejerce realmente el poder.

Yanis Varoufakis llama a esta etapa “tecnofeudalismo”: un sistema en el que los mercados competitivos son desplazados por plataformas digitales que concentran información, riqueza e influencia social a una escala inédita.

En este nuevo régimen, la riqueza ya no surge solo de producir y vender, sino de cobrar rentas por administrar el acceso a los consumidores. Las grandes plataformas funcionan como señores de la nube: imponen peajes digitales a productores, comercios y usuarios. Cada clic, búsqueda, ubicación o imagen que compartimos alimenta, sin remuneración alguna, el activo central de esta época: los datos.

Amazon, Meta, Google, Apple o Microsoft ya no son solo empresas exitosas que hacen multimillonarios a sus dueños. Son infraestructuras de la vida económica, cultural y política. Sus algoritmos organizan nuestra atención, condicionan hábitos de consumo y moldean comportamientos. El capital ya no son solo fábricas, máquinas o infraestructura física; también es código algorítmico diseñado para capturar atención y condicionar decisiones.

El problema no es la tecnología. El problema es la concentración del poder tecnológico sin controles democráticos.

 

Los caballos de Troya

En América Latina, este fenómeno coincide con liderazgos que construyen buena parte de su legitimidad dentro de esos ecosistemas digitales. Milei, Bukele, Bolsonaro, Kast, Noboa o De la Espriella expresan realidades distintas, pero comparten una relación directa con audiencias masivas mediada por plataformas que debilitan la intermediación política tradicional.

La pregunta fundamental es: ¿quién se beneficia de la retirada del Estado que promueven muchos de estos liderazgos? El discurso promete libertad frente a la burocracia y emancipación frente a las regulaciones. Pero cada espacio que abandona el Estado tiende a ser ocupado por plataformas privadas globales.

La historia demuestra que ningún vacío de poder permanece vacío. Cuando los Estados renuncian a regular, alguien regula. Cuando abandonan la protección de datos, la información estratégica de los ciudadanos pasa a manos privadas.

Muchos de estos liderazgos se presentan como rebeldes antisistema. Sin embargo, vistos desde una perspectiva más amplia, facilitan la transferencia de poder desde instituciones democráticas nacionales hacia estructuras tecnológicas globales. Son, en cierta medida, los caballos de Troya de una nueva forma de concentración del poder.

A cambio, encuentran en esas plataformas un ecosistema favorable para instalar agendas, amplificar mensajes y sostener narrativas de gobierno. No hace falta imaginar siempre un pacto formal. A veces alcanza con advertir una convergencia objetiva de intereses: menos Estado para las grandes plataformas y más potencia algorítmica para quienes están dispuestos a debilitarlo.

 

Argentina como caso testigo

Argentina ofrece un caso relevante. El gobierno de Javier Milei hizo de la desregulación una bandera central. El problema aparece cuando esa desregulación deja de ampliar la libertad de los ciudadanos y se transforma en una vía para fortalecer actores privados con más poder que muchos Estados. El interés de figuras como Peter Thiel debe leerse en ese contexto: una corriente crítica de la democracia liberal que pretende expandir el poder tecnológico sobre la vida pública.

La discusión sobre inteligencia artificial, minería de datos, infraestructura satelital, plataformas digitales, litio y recursos estratégicos debería formar parte de un debate sobre soberanía nacional. La soberanía ya no se define solo por el territorio o los recursos naturales. También se define por la capacidad de proteger datos, regular algoritmos y establecer reglas frente a empresas cuyo poder trasciende fronteras.

La paradoja es evidente. Mientras el discurso libertario reivindica el libre mercado, la economía digital avanza hacia niveles de concentración que ningún liberal clásico habría considerado aceptables. No hay verdadera libertad cuando la conversación pública puede ser moldeada por algoritmos opacos que nadie eligió y casi nadie puede auditar.

La consecuencia más preocupante no es solo económica. Es cultural y humana. Las democracias modernas fueron construidas sobre la ciudadanía y la dignidad de la persona. Pero la lógica algorítmica reduce al individuo a métricas: tiempo conectado, datos producidos, atención capturada. La comunidad es sustituida por audiencias. Los ciudadanos, por usuarios.

Esta mirada también ayuda a entender por qué ciertos gobiernos parecen menos preocupados por la caída de la actividad comercial tradicional o por el deterioro del consumo interno. Para quienes conciben la economía del futuro como un universo dominado por plataformas, datos y servicios globales, los comercios, las pymes y las formas territoriales de producción pueden aparecer como parte de un mundo viejo destinado a desaparecer.

 

Más República, no menos

El Papa León XIV, en su encíclica Magnifica Humanitas, advirtió sobre la necesidad de colocar la dignidad humana en el centro del desarrollo tecnológico. En la misma dirección, Europa comenzó a limitar el poder de las plataformas digitales y a establecer reglas para la inteligencia artificial. La defensa de la democracia exige también soberanía digital.

No se trata de rechazar la tecnología. Se trata de gobernarla democráticamente. La respuesta no es menos República: es más República. Más instituciones. Más soberanía democrática. Necesitamos Estados modernos, capaces de auditar algoritmos, proteger datos y garantizar que el desarrollo tecnológico permanezca subordinado al interés público.

La República y sus instituciones nacieron para evitar la concentración del poder y asegurar reglas claras para toda la sociedad. Ese principio sigue vigente. La diferencia es que los nuevos poderes ya no habitan solo en los gobiernos o en los grupos económicos tradicionales. Ahora también están en los algoritmos, en los datos y en las pantallas de todos los días.