El conflicto entre el PAMI y sus prestadores privados escaló a un punto crítico. Clínicas y sanatorios de todo el país anunciaron la suspensión en la asignación de nuevos turnos para consultorios externos en todas las especialidades. La medida surgió por la falta de respuestas ante deudas acumuladas y la falta de una actualización arancelaria que compense la inflación de lps efectores del sector.

La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) advirtió que las instituciones atraviesan una situación financiera asfixiante que ya complica las operaciones diarias, desde la compra de insumos básicos hasta el pago de salarios y honorarios profesionales. Aunque los prestadores aseguran que buscan garantizar una continuidad mínima de los servicios esenciales, responsabilizan directamente al Estado nacional por el impacto de esta crisis en los jubilados, justo en medio de tensas negociaciones con la gestión de Esteban Leguízamo.

En ese marco, el presidente de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires (FECLIBA), Néstor Porras, detalló que el atraso arancelario ya supera el 120% y relativizó los últimos incrementos anunciados por la obra social por quedar completamente desfasados.

Porras alertó que la gran mayoría de los centros de salud está trabajando a pérdida. De no mediar una solución inmediata, el conflicto podría pasar a una fase todavía más severa: la suspensión de cirugías programadas y de cualquier otra práctica médica que no sea de carácter urgente.

Por el momento, desde el Gobierno nacional reconocen la complejidad del escenario y aseguran estar analizando alternativas para reforzar las partidas presupuestarias. Sin embargo, las cámaras empresarias sostienen que, hasta ahora, no recibieron ninguna propuesta concreta, abriendo un preocupante e incierto compás de espera para miles de adultos mayores.