La Unidad Fiscal Federal de La Plata solicitó al Tribunal Oral Federal N°1 de esta ciudad la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta para el expolicía Pedro Raúl Muñoz y el exmilitar José Ignacio Saravia Day. Se los acusa de ser coautores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, centralmente contra personas que estuvieron secuestradas en el centro clandestino de detención que funcionó en la Comisaría 5ta de esta capital bonaerense.

Los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, bajo la coordinación del fiscal general Gonzalo Miranda, cerraron así cuatro jornadas de alegato en el juicio denominado "Comisaría 5° III". Ese proceso unificó la investigación de los delitos perpetrados en dicha seccional y el secuestro de conscriptos que cumplían el Servicio Militar Obligatorio en el Cuerpo de Granaderos a Caballo, asignados a la Quinta de Olivos.

La fiscalía encuadró los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio. En el caso de las víctimas de la seccional policial, subrayaron de forma específica que los padecimientos incluyeron violencia basada en el género y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

Las graves acusaciones contra el policía Muñoz y el rol de Jorge Julio López

Pedro Raúl Muñoz fue acusado por dominio funcional en más de un centenar de casos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados. Los cargos también contemplan dos casos de abuso sexual con acceso carnal, seis de abuso sexual simple, cuatro sustracciones y ocultamientos de menores de diez años —uno de ellos bajo la figura de desaparición forzada por la restitución tardía de su identidad—, 14 homicidios calificados con alevosía y decenas de desapariciones forzadas, incluyendo situaciones de víctimas embarazadas y de una niña nacida en cautiverio.

Para fundar la acusación, la fiscalía consideró probado que Muñoz operaba en la Comisaría 5ta con pleno conocimiento del engranaje represivo. En este punto cobró un valor fundamental el testimonio de Jorge Julio López, el testigo desaparecido en 2006. López reconoció a Muñoz en fotos durante 2005 y relató que, mientras estaba secuestrado, el policía le llevó cigarrillos y le pidió reserva porque "si lo descubrían lo mataban". También señaló que Muñoz había ido en moto a advertirle a otra familia vecina que podían matar a su hijo, quien compartía cautiverio con López. Para los fiscales, esta advertencia demuestra de forma palmaria que el imputado conocía el destino fatal que les esperaba a los detenidos clandestinos.

Saravia Day y la persecución a los conscriptos de Granaderos

Por su parte, el exjefe del Escuadrón Ayacucho del Regimiento de Granaderos a Caballo, José Ignacio Saravia Day, fue acusado por los secuestros y torturas de tres soldados bajo su mando directo: José David Aleksoski, Roberto Campos y Juan Ignacio Araujo. Los tres jóvenes realizaban tareas de guardia en la Quinta de Olivos cuando fueron secuestrados y trasladados al circuito represivo de La Plata. Aleksoski continúa desaparecido, mientras que Campos y Araujo fueron liberados tiempo después con visibles marcas de tortura.

La fiscalía enmarcó estos hechos en la práctica sistemática de desaparición de conscriptos en todo el país. Según la acusación, Saravia Day firmó la supuesta orden de salida de Aleksoski en comisión de servicio el día de su captura y luego, para encubrir el crimen, el Ejército lo declaró "desertor".

La fiscalía también ponderó el testimonio del hermano de Roberto Campos, quien era policía federal y le avisó al imputado que iría a buscar a su hermano a La Plata. Saravia Day prometió acompañarlo pero nunca salió del regimiento. El hermano de la víctima relató que en el trayecto hacia la capital provincial fue interceptado por hombres armados con fusiles FAL, de lo que dedujo que el militar había entregado la información para emboscarlo. El alegato concluyó que los informes de deserción y la inacción ante las denuncias formaron parte de una maniobra coordinada para garantizar la impunidad de los responsables.

Reparación histórica, identidad y el rol del Banco de Datos Genéticos

En el tramo final del alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó al tribunal que dicte un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del médico policial Jorge Antonio Bergés, quien falleció en febrero pasado estando imputado en la causa. Este pedido de derecho a la verdad coincide con la solicitud efectuada por Abuelas de Plaza de Mayo y el querellante Leonardo Fossati Ortega, nacido precisamente en esa seccional durante el secuestro de su madre.

Entre las medidas de reparación integral, se instó al Gobierno bonaerense y organismos correspondientes a subsanar el daño al proyecto de vida de las víctimas mediante reincorporaciones laborales con los ascensos pertinentes desde el momento de la desaparición, además de los beneficios jubilatorios correspondientes. También se reclamó la entrega de copias certificadas de los habeas corpus hallados en archivos judiciales a los familiares y la máxima difusión pública de la sentencia.

Por último, se solicitó exhortar a los organismos del Estado a garantizar el cumplimiento de la Ley del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). La fiscalía recordó que en este debate se identificaron diez mujeres embarazadas al momento de su secuestro y se visibilizó la violencia obstétrica padecida. Dos de ellas sobrevivieron y dos chicos nacidos en cautiverio recuperaron su identidad años después, lo que vuelve central resguardar la labor de este organismo pericial para continuar la reconstrucción de los lazos familiares y el derecho a la identidad.