El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires ordenó la desafectación preventiva de diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), incluyendo a la cúpula directiva del Penal N° 51 de Magdalena.

La medida se tomó en el marco de una investigación penal por presuntas torturas, tormentos físicos y abusos sexuales agravados contra las mujeres detenidas en dicho establecimiento. Entre los sancionados se encuentra Daiana Belén Balmaceda, jefa del área de Asistencia y Tratamiento, además de los altos mandos del penal que habrían avalado u omitido denunciar las graves irregularidades.

La resolución ministerial también alcanzó tmbi´rn a los integrantes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), señalados como los ejecutores directos del violento procedimiento que motivó la denuncia judicial de los organismos de derechos humanos.

Según consta en la presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) ante la UFI N° 11 de La Plata, los hechos ocurrieron entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente, coincidiendo paradójicamente con las movilizaciones masivas por el "Ni Una Menos".

El detonante del violento operativo habría sido una disputa menor entre dos internas. En respuesta, el personal penitenciario irrumpió en el pabellón utilizando gas pimienta en espacios cerrados y bloqueando deliberadamente las salidas.

De acuerdo al relato judicial, las detenidas fueron obligadas a desnudarse frente a los efectivos masculinos y, ante los reclamos de las internas, se desató una feroz represalia que incluyó sumergirles la cabeza en piletones con agua para simular ahogamientos, golpizas reiteradas y el abuso sexual con acceso carnal de al menos dos de las víctimas en el sector de la escuela del penal.

Tras esa noche, la CPM denunció la puesta en marcha de un fuerte operativo de encubrimiento que incluyó el traslado compulsivo de tres de las denunciantes a otras unidades penitenciarias y la destrucción de todas sus pertenencias.

Actualmente, mientras la auditoría de Asuntos Internos del ministerio mantiene abiertos los sumarios correspondientes, el fiscal Álvaro Garganta avanza a paso firme con las pericias médicas necesarias para ratificar la gravedad de los hechos y determinar las responsabilidades penales definitivas.