El fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa, dio un paso clave en la investigación por las extorsiones originadas en penales bonaerenses al solicitar la elevación a juicio parcial de la causa contra siete personas.

Los imputados están acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a chantajear a hombres contactados mediante aplicaciones de citas. La solicitud del Ministerio Público Fiscal incluye un pedido de juicio directo para los dos presuntos líderes de la banda, imputados formalmente por la instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, que  se quitó la vida en diciembre pasado mientras cumplía funciones de custodia en la Quinta Presidencial de Olivos.

El requerimiento fue presentado ante la titular del Juzgado Federal número uno de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. Según la acusación fiscal, la organización criminal operó de manera coordinada entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero de este año. Aunque la investigación general continúa abierta ante la sospecha de múltiples damnificados, en este tramo específico del expediente se les atribuyen tres hechos concretos de extorsión económica bajo una modalidad rígidamente estructurada.

La pesquisa judicial determinó que las operaciones eran comandadas desde el interior de la Unidad Penitenciaria número 36 de Magdalena por dos internos identificados como T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25 años.

La estructura delictiva contaba además con la participación de otro recluso, K.M.S.P., de 28 años, que luego fue trasladado a la Unidad número 26 de Lisandro Olmos. Fuera de los penales, la banda se completaba con las parejas de los internos, identificadas como I.A.C., de 23 años, K.Y.C., de 25, y E.Y.T., de 36, junto a una cuarta mujer, C.A.M., de 24 años.

El rol de estas cuatro mujeres resultaba central para la logística de la organización, dado que aportaban chips telefónicos para realizar las llamadas desde los establecimientos carcelarios y facilitaban sus cuentas de billeteras virtuales para recibir y diversificar los fondos obtenidos de las extorsiones.

Tres víctimas

La causa penal tuvo su origen el 16 de diciembre pasado tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Gómez, de 21 años, en una garita de la residencia de Olivos.

El integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo se suicidó con su arma reglamentaria y dejó una carta explicativa. El posterior trabajo de la fiscalía y la División Homicidios de la Policía Federal Argentina permitió desentramar el modus operandi del grupo, que creaba perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas como Evermatch para captar víctimas y luego mudar la conversación a WhatsApp.

Una vez entablado el contacto, las víctimas recibían un audio de una persona que simulaba ser la madre de la supuesta joven, alegando que se trataba de una menor de edad y amenazando con radicar una denuncia penal. De inmediato intervenía otro miembro de la banda que usurpaba la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para exigir transferencias urgentes de dinero a cambio de frenar la supuesta acción judicial.

La fiscalía acreditó tres hechos bajo este mecanismo. El primero afectó al soldado Gómez, que transfirió 1.413.000 pesos a cuentas de Mercado Pago horas antes de su muerte.

El segundo ocurrió el 26 de diciembre con una transferencia forzada de 15.000 pesos, y el tercero se registró entre el 22 y el 28 de diciembre, cuando otra víctima depositó un total de 116.000 pesos.

Tras siete allanamientos realizados el 9 de febrero en cárceles y domicilios del conurbano, las mujeres fueron detenidas y la Justicia les denegó la excarcelación por el riesgo procesal y la gravedad institucional del caso.

El fiscal Iuspa solicitó que los cabecillas respondan como jefes de asociación ilícita y por instigación al suicidio, delito que prevé una pena de uno a cuatro años de prisión, mientras que las colaboradoras civiles serán juzgadas como miembros de la banda criminal.